Este lunes se termina el plazo de 15 días que el Ministerio de Energía tiene para entregar el proyecto de ley corta que La Moneda le mandató, tras los extensos cortes de mediados de julio en la capital.
El objetivo de la iniciativa es revisar e incrementar las multas y compensaciones que las distribuidoras eléctricas deben pagar en caso de interrupciones del suministro y establecer la obligación de dar prioridad al abastecimiento y reposición para personas electrodependientes.
Este último punto es el que estaría marcando la redacción del texto legal, ya que detallaría el funcionamiento del sistema. Esto implica la elaboración y actualización de los registros de beneficiarios; y la tipificación de las dolencias que entran en esta categoría. A ello se suma no sólo la entrega de los equipos de respaldo, sino que también la mantención y provisión y almacenamiento de combustible.
Trascendió que la postura de las autoridades de Salud, a las que no fue posible contactar, sería que las empresas asuman el sistema en su totalidad, lo que provoca preocupación en la industria por la responsabilidad más allá de su negocio que algo así implicaría.
En Energía, la evaluación sería que las empresas deben financiar el mecanismo que proponga la autoridad, dejando en manos del gobierno la administración.
A raíz de este debate, el Ministerio de Energía habría extendido el plazo con el que trabajaba, ya que inicialmente los quince días que les tomaría redactarlo eran corridos y hoy, consultados, aseguran que contabilizan las jornadas hábiles.
Advierten riesgo de desordenar el correcto diseño de la normativa
Con la convicción de que el marco regulatorio actual en materia de distribución eléctrica no es el adecuado, Eduardo Escalona, socio del estudio Philippi Prietocarrizosa Ferrero Du &Uría, advierte el riesgo de adelantar la fijación de mayores multas y compensaciones por interrupciones de suministro.
Explica que estos elementos deberían dimensionarse a partir de objetivos, estructuras, instrumentos y estándares que se determinen en una fase previa. "Las graves contingencias de este año pueden desordenar el correcto diseño del nuevo marco regulatorio", dice.
-¿La norma vigente es apropiada?
-No lo es, al igual que gran parte de la regulación vigente sobre distribución eléctrica y por ello la autoridad ha estado trabajando un anteproyecto de ley para modificarla integralmente. Pero mi visión es que las graves contingencias de este año pueden desordenar el correcto diseño del nuevo marco regulatorio, anticipando la discusión de la parte final del anteproyecto. No obstante, la reacción política era absolutamente esperable, a pesar que las nuevas normas sólo se podrán aplicar a fallas e interrupciones que se produzcan después de la entrada en vigencia de la ley y no para los casos de este año.
-¿Qué consideraciones se debieran tomar a la hora de revisar las compensaciones y sanciones?
-Asumiendo que lo que se regule en esta ley corta debe igualmente ser revisado en profundidad en el proyecto de ley que contenga la reforma completa, lo primero debiera ser poner el foco en las compensaciones a las personas y no en elevar las multas.
Lo relevante es que se compense en el menor tiempo posible -idealmente en la facturación más próxima- y no la aplicación de multas a beneficio fiscal. Estas últimas no tienen repercusión en las personas.
La reacción vía aumento de multas, aunque esperable, es un poco primitiva, pues no contribuye a mejorar la infraestructura disponible ni la calidad del suministro eléctrico y, por el contrario, incentiva a las distribuidoras a litigar, postergando la solución efectiva a los usuarios a través de las compensaciones.
Segundo, es conveniente reducir el número de horas a partir de las que operan las compensaciones y alinearlas con las metas de continuidad de suministro que se espera exigir a las distribuidoras, previendo una gradualidad para adecuarse. Tercero, es conveniente no inventar la rueda ni establecer un sistema de compensaciones diferente al nuevo régimen aprobado en la Ley de Transmisión. Basta con incluir a las distribuidoras en el mismo sistema, con idénticos umbrales.
-¿Es conveniente adelantar esta parte del trabajo?
-Lo óptimo es la revisión integral del marco regulatorio aplicable a la distribución eléctrica, pero como esta reforma está atrasada en más de doce años, me parece que un proyecto de ley acotado a los temas planteados, permitirá tener algunas respuestas a las fallas e interrupciones de los próximos dos años, pues probablemente el trabajo que adelante este gobierno, al depender del próximo para la tramitación del proyecto, no estará vigente antes del 2020.
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