Aunque la polémica licitación del litio despertó críticas desde que fue lanzada el 13 de octubre -gatillando que el 10 de diciembre la Compañía Minera Salares del Norte ingresara una consulta al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) para que evaluara si las bases del proceso podían infringir las normas de competitividad-, la sorpresiva adjudicación antes de lo previsto motivó nuevas acciones para torpedear esta iniciativa.
Entre ellas, figura una acción de la Asociación Indígena Consejo de Pueblos Atacameños que acudió a la Corte de Apelaciones de Santiago por omitir el derecho de los pueblos originarios a la consulta previa y ayer se dio a conocer una petición de diputados a la Contraloría para investigar la legalidad de la actuación del Ministerio de Minería.
Fue la propia oposición que, luego de conocerse la entrega de dos de las cinco cuotas, advirtió que buscará su anulación por la vía judicial, administrativa y legislativa.
¿Qué futuro tendrían estos caminos? Para los expertos, la opción en el TDLC parece poco auspiciosa y los recursos de protección tendrían una alta probabilidad de inadmisibilidad al estar impugnando un proceso a iniciado hace un tiempo. Sin embargo, reconocen que quien jugará ahora un rol clave es la Contraloría General de la República, pero también si los pasos que vienen se van ejecutando con el actual o el próximo gobierno.
Considerando que el proceso tiene que ir a toma de razón, puede que el organismo ejecute el acto o considere que hay vicios y emita un oficio de representación para que el Ejecutivo subsane lo identificado o eche para atrás el proceso.
El socio de Guerrero Olivos, Eduardo Cordero, explica que será también relevante si la toma de razón se realiza antes de que cambie el gobierno, ya que en ese caso será muy difícil que la nueva administración pueda revocar o invalidar. Pero, si el organismo detecta algún vicio de ilegalidad, podría dejar el camino expedito al nuevo gobierno para dejar sin efecto la licitación.
Otro escenario es que, llegando a marzo, la Contraloría no se pronuncie aún y el Ejecutivo entrante pueda retirar el decreto.
“Todavía no termina el trámite de adjudicación. Por lo tanto, mientras no haya pronunciamiento de la Contraloría sobre esta materia, cualquier tipo de medida que se puedan adoptar posteriormente van a quedar pendiente”, recalca el abogado.
De hecho, explican expertos, se pueden presentar acciones judiciales, pero no se podrá impugnar actos que no han terminado, ya que el proceso aún no ha concluido.
Eso sí, sostienen otras fuentes, hay una norma que prohibiría a la Contraloría pronunciarse si el conflicto está sometido a conocimiento de los tribunales, por lo que se podría abstener de resolver si los recursos son admisibles.
En cualquier escenario, el nuevo gobierno podría enfrentar una decisión relevante donde -según un abogado- lo más óptimo sería dejar a los tribunales y a la Contraloría que hagan su trabajo.
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