El último año ha sido turbulento para las salmoneras. El panorama tuvo su punto álgido a mediados de 2023 cuando se votó la ley que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y que -tras movilizaciones masivas de trabajadores en el sur- terminó en un empate en el Congreso que salvó a la salmonicultura de ser removida de reservas nacionales y forestales, zonas que, en ese momento, concentraban alrededor del 60% de las concesiones operativas.
Luego, el sector trató de avanzar en una agenda en común con las autoridades, pero según el presidente de SalmonChile, Arturo Clément, los esfuerzos no tuvieron efecto y el Gobierno no ha tomado en cuenta a la industria.
Un nuevo foco de conflicto se abrió a partir del convenio entre Sernapesca y la ONG Oceana, en el marco de la Ley de Escapes, que busca generar una plataforma para fiscalizar a las salmoneras, accediendo a información confidencial de sus centros de cultivo como la carga de antibióticos y la biomasa.
“Nos reunimos con la ministra (Maisa Rojas) hace más de un mes y le planteamos nuevamente la necesidad de armar esta agenda, y no tuvimos respuesta de ningún tipo”.
- Se dijo que el acuerdo de Sernapesca con Oceana generó indignación en el sector. ¿Es efectivo?
- La verdad es que quedamos absolutamente sorprendidos. Nos parece insólito que esto haya ocurrido, porque lo preguntamos y nos lo negaron; entonces es una falta de claridad en el proceso. Y quiero aclarar: no estamos contra la transparencia, si no todo lo contrario, abogamos porque ojalá los servicios públicos puedan tener la mejor y oportuna información.
Ahora, la misma información que se supone que van a sacar con esta plataforma, SalmonChile la publica desde hace ocho años, por lo tanto, si ellos quieren repetir esta información, feliz de que lo hagan, pero la forma en que lo hicieron nos parece increíble.
- ¿Cómo ha evolucionado la relación de la industria y el Gobierno?
- Después de la Ley SBAP, nos reunimos vía lobby con la ministra de Medio Ambiente, Maisa Roja, y con el ministro de Economía, Nicolás Grau, donde dimos vuelta la página de esto. Esto fue en noviembre del año pasado y a principios de diciembre, le mandamos a ambos ministros una agenda técnica de trabajo con cada punto que queríamos trabajar y que eran parte de lo que nosotros llamábamos “la asfixia”, a las cuales estábamos siendo expuestos. Y es súper frustrante: han pasado seis meses desde que mandamos esto y no hemos avanzado nada.
- ¿Por qué no se ha logrado un diálogo entre salmoneras y las autoridades?
- Hemos querido establecer un diálogo con agendas concretas para poder destrabar la actividad. Resulta bien incomprensible que, por un lado -y lo vimos recientemente en la Enade- el Presidente de la República diga que están por el crecimiento y que quieren reactivar al máximo el país, pero en definitiva, las acciones de algunas autoridades de este mismo Gobierno, y específicamente en el caso de la salmonicultura, no apuntan al mismo lado.
Nos reunimos con la ministra hace más de un mes y le planteamos nuevamente la necesidad de armar esta agenda, y no tuvimos respuesta de ningún tipo. Quedamos como en nada y esa es la verdad: no hemos visto ningún avance en la agenda que mandamos en diciembre del año pasado. Por otro lado, tampoco hemos podido reunirnos nuevamente con el ministro Grau, le hemos pedido audiencias y nos han sido negadas.
- ¿Las cenas en la casa de Pablo Zalaquett trabaron las conversaciones?
- Siempre nos hemos reunido con las autoridades a través de los conductos de transparencia, y de la ley de Lobby. En la práctica, hemos visto una falta de diálogo enorme entre la industria y los ministros sectoriales que permita avanzar al desarrollo en el sur del país.
- ¿Qué desprolijidades de la autoridad han podido evidenciar?
- Cuando conversamos con la Subsecretaría de Pesca y nos señalaron que ellos iban a sacar primero la Ley de Pesca, revisamos el proyecto de la nueva norma y curiosamente no estaba el artículo 158 (que permite la acuicultura en ciertas áreas protegidas), artículo que defendieron los trabajadores en la Ley SBAP. O sea, lo mismo que se discutió en el SBAP, que en definitiva el Poder Legislativo zanjó, se les olvidó prorrogarlo.
¿Es un olvido? ¿Es una desprolijidad? Entonces, cuando el Gobierno dice que quiere generar confianza y pasan estas cosas, uno queda súper consternado. Y después, para sellar esto, vienen el convenio entre Oceana y Sernapesca.
- ¿Esto es causante de lo que ustedes llaman “la asfixia”?
- Sí, y adicionalmente se están emitiendo nuevos reglamentos y resoluciones de manera permanente; se cambian y se deja una serie de conceptos bastante amplios y subjetivos. Entonces, no es que no queramos ser fiscalizados -porque queremos y pedimos tener los más altos estándares ambientales- pero lo que queremos es claridad.
- ¿Como industria tienen alguna autocrítica?
- Por supuesto. Desde hace años hemos hecho una autocrítica en distintos aspectos y creemos que hay mucho por mejorar en nuestro actuar. Esto en el sentido ambiental o en términos de relacionamiento comunitario. Por ejemplo, posterior a la situación de marea roja, nos dimos cuenta de que teníamos que buscar una forma distinta de relacionarnos con las comunidades y los grupos de interés.
Hemos hecho cambios, pero también tenemos muchos espacios de mejora todavía. Tenemos que seguir reduciendo, por ejemplo, el consumo de antibióticos, donde ya nos fijamos metas de reducción.
Acuicultura y el paro en Puerto Coronel: “Una pérdida reputacional gigantesca”
Ya van 46 días desde que inició el paro en Puerto Coronel, lo que ha significado pérdidas importantes para varios sectores, incluido la salmonicultura. En este sentido, Arturo Clément expresó que espera que se resuelva luego ya que “hay un efecto súper importante para el comercio exterior y para los productos de exportación chilenos”. Agregó: “Hay una pérdida reputacional gigantesca, porque no estamos cumpliendo nuestros compromisos”. En esa línea, señaló que SalmonChile tiene más de 100 contenedores paralizados en Coronel, que no han podido salir hace seis semanas.
Frente a esto emplazó a las distintas partes involucradas, incluido al Gobierno, para que tomen un rol activo para solucionar este problema. “No puede ser que un puerto importante para las exportaciones esté paralizado seis semanas”, sostuvo.
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