En el marco de sus juicios en contra de la Ley Corta de Pesca que se tramita en el Congreso y de otras normas aplicadas a este sector, la Asociación de Industriales Pesqueros de la zona centro sur (Asipes) profundizó el alcance de sus cuestionamientos al Ejecutivo formulando una dura crítica a la conducción económica general y a sus efectos en las decisiones del mundo privado.
“Las expectativas de empresarios e inversionistas están por el suelo. Es un error culpar solamente al contexto internacional o a las reformas del gobierno anterior”, señaló la presidenta de este gremio, Macarena Cepeda. En este marco, llamó a la autoridad a realizar una “seria autocrítica para hacer las cosas de manera diferente”.
La representante empresarial destacó que la alerta entre los industriales pesqueros por legislaciones como la ley de la jibia y la mencionada Ley Corta de Pesca, se ha extendido a agentes de otros sectores económicos. “La preocupación e incertidumbre por las políticas de la autoridad, especialmente por su errático contenido e improvisación con que se están discutiendo, o la ausencia de racionalidad técnica para evaluar sus graves consecuencias, es hoy un temor que se ha extendido a muchas industrias y empresas”, dijo, aludiendo a declaraciones de representantes gremiales como Manuel Melero (Cámara de Comercio de Chile) y Joaquín Villarino (Consejo Minero).
En este sentido, puntualizó que el tenor de esta línea de declaraciones en las dirigencias empresariales demuestra que “muchas actividades productivas se siente asfixiadas por las malas regulaciones o nuevas y numerosas iniciativas legales, donde se borran con el codo las reglas del juego con las cuáles se decidió participar y competir, afectando las decisiones de inversión de los próximos años”.
Caminos de solución
Cepeda llamó a las autoridades de .gobierno a aprovechar la coyuntura posterior a la reciente cuenta pública de Presidente Sebastián Piñera.
“Todavía estamos a tiempo de corregir el rumbo, poner una pausa, y sentarnos a mirar de forma crítica, pero también constructiva, el momento por el cual estamos atravesando y las medidas o acciones que nos permitan salir de este letargo”, declaró, poniendo énfasis al complejo escenario que implica la tramitación de seis proyectos de ley gravitantes en la marcha futura del país.
En este marco, insistió en que “no podemos equivocarnos con la reforma tributaria, previsional, laboral o de la salud; como tampoco el gobierno y el Parlamento deben soslayar los efectos de una mala reforma a la Ley de Pesca o al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental”.
Revisión a las normativas
A juicio de Macarena Cepeda, una reformulación de las normativas para el sector pesquero pasa por un ejercicio de autocrítica y de convocatoria más actores, especialmente de expertos nacionales y extranjeros. “Sí queremos modernizar la legislación pesquera, pero queremos que se haga bien, mirando y sopesando la evidencia técnica, al mismo tiempo que se trabaje con la industria pesquera y no contra ella”, enfatizó Cepeda.
Junto con reiterar su disposición al diálogo la presidenta de Asipes enfatizó que “nos estamos jugando mucho en las decisiones que ahora se están adoptando en la industria de la pesca y espero -por el bien del país, las empresas y trabajadores de este sector- que podamos recapacitar de manera colectiva”.
En relación al objetivo de los cuerpos legales promulgados con el objetivo de proteger a los pescadores artesanales recordó que, en los últimos tres años, el 67% de los desembarques por casi US$3 mil millones corresponde al mundo artesanal y el resto al rubro industrial. Ejemplificó que en la Región del Biobío “el 20% de la flota constituido por las más naves más grandes representa el 76% de las capturas; es decir, venden casi ocho de cada diez peces, y los otros dos se los reparte la gran mayoría de los otros pescadores artesanales más pequeños, que son 80% de las embarcaciones”.
Sobre esta base, concluyó que, el origen de los problemas a nivel de los pescadores artesanales “no está en la industria, sino en cómo se distribuye la riqueza al interior de ese sector”, y que los verdaderos obstáculos son la sobredimensión de la flota artesanal y la pesca ilegal.
Por ello, enfatizó que “los problemas del país pesquero no se van a solucionar con la Ley Ossandón que subasta los permisos de la industria”.
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