A mediados de enero, el empresario y excontrolador de Australis Seafoods, Isidoro Quiroga, fue formalizado junto al expresidente de la salmonera, Martín Guiloff, y a su exgerente de Finanzas, Santiago Garretón, por los delitos de administración desleal y estafa.
Dicha formalización tiene su raíz en las querellas ingresadas por la compañía y su matriz china, la gigante Joyvio, que en 2019 compró la salmonera a Quiroga por US$ 921 millones. Lo acusa de haberle ocultado una política de sobreproducción de la firma que le habría hecho valorizar la compañía de una manera distinta.
La defensa argumentó que al no enterarse de que algunos testigos eran citados a declarar, no pudieron formular preguntas y que, en uno de esos casos, la parte querellante sí estaba informada.
Hasta ahora no existe indicio alguno de que las partes puedan conciliar, por lo que las expectativas apuntan a que la arista penal desemboque en un juicio oral. La defensa de Quiroga niega tajantemente las acusaciones y argumenta que el grupo asiático siempre tuvo a la mano todos los indicadores productivos de Australis.
Por lo pronto, con la investigación formalizada, el Ministerio Público -liderado en esta causa por la fiscal Constanza Encina- continuará con sus diligencias y de cara a este proceso la defensa solicitó una audiencia de cautela de garantías, figura con la que se buscan resguardar los derechos del imputado en el procedimiento penal.
Dudas de la defensa
La audiencia, que se realizó este miércoles, fue solicitada por los abogados de Garretón, Cristián Muga y Rodrigo Avila, quienes acusaron que “en reiteradas oportunidades” el Ministerio Público había infringido el deber de registro respecto de diligencias que sirvieron de sustento a la formalización. Los defensores de Quiroga, Juan Domingo Acosta y Alex Van Weezel, adhirieron a la solicitud y apuntaron a la “extemporaneidad, inexactitud y falta de fiabilidad de tales registros”.
El abogado querellante, Jaime Winter, retrucó que “nunca ha sido de relevancia judicial ni se hace un caso de errores de orden de la carpeta investigativa”.
Por ejemplo, criticaron que el actual gerente general de Australis, Andrés Lyon, mantuvo en su poder un borrador de su declaración por casi un mes. “Luego (...) el ‘testigo’ remitió una versión firmada con decenas de alteraciones respecto del borrador original, algunas de ellas sustantivas. Afortunadamente, la defensa pudo detectar esa irregularidad y exigir al Ministerio Público que se incorporaran a la carpeta las dos versiones”, dijeron.
También mencionaron la declaración del exdirector de Australis, Rafael Fernández, cuya citación no fue incorporada a la carpeta investigativa hasta que éste ya había declarado, lo que no les permitió formular preguntas. “Mientras tanto, la parte querellante estuvo perfectamente informada de la diligencia, al punto de que pudo presentar un escrito con preguntas dirigidas al testigo, las cuales además efectivamente le fueron formuladas”, criticó la defensa.
Agregaron que hubo una decena de otras declaraciones en las cuales las citaciones no se conocieron y solicitaron que el Juzgado ordenara a la Fiscalía registrar oportunamente las citaciones y actuaciones de la investigación, tan pronto como tengan lugar; adoptar medidas para que los testigos de la querellante no editen o alteren sus declaraciones; y permitir a la defensa acceder una vez por semana a la carpeta investigativa, de manera presencial.
“Todos contentos”
En la audiencia, el fiscal subrogante, Cristóbal Salazar, reiteró que el Ministerio Público jamás ha buscado perjudicar a la parte defensora y que han actuado de buena fe, realizando las medidas correctivas cada vez que los querellados levantan uno de estos puntos. Aludió también a la alta complejidad de la causa, al exceso de carga para la Fiscalía, y a que no siempre estuvo el mismo equipo a cargo del caso, traspaso que explicó la ausencia de algunas diligencias del fiscal anterior.
Con todo, la jueza Mariana Leyton resolvió instruir a la Fiscalía que comunique todas las citaciones a testigos con antelación y la creación de una carpeta investigativa que esté ordenada cronológicamente en el plazo de un mes. No obstante, descartó que alguna de las quejas de la defensa hubiese afectado en algún momento los derechos de los querellados. “¿Todos contentos?”, dijo la jueza para cerrar la audiencia que se extendió por dos horas.
Van Weezel, uno de los abogados de Quiroga, sostuvo que las medidas “evitarán que se sigan citando a testigos sin comunicarlo a las defensas y obliga a la Fiscalía a poner a disposición todas las diligencias que ha llevado a cabo en su investigación”.
Desde la vereda de Joyvio, el penalista Jaime Winter apuntó a que esta audiencia no incide en lo sustantivo de la investigación y que “lo de hoy era un cuestionamiento formal a los registros administrativos que lleva la Fiscalía en el expediente digital de su investigación, algo que a litigantes con experiencia no les debe llamar la atención (...) -piezas pendientes de inclusión, problemas con la calidad de la digitalización, entre otros temas menores-, que los intervinientes pueden subsanar directamente ante el Ministerio Público. Nunca ha sido de relevancia judicial ni se hace un caso de errores de orden de la carpeta investigativa”.
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