En un profundo análisis del sistema de concesiones, el director ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), Carlos Cruz, abordó las críticas que hay a la industria y planteó cuáles deberían ser los puntos para poner atención a futuro.
La encuesta Cadem posiciona a las concesionarias de autopistas y carreteras como la tercera peor institución evaluada, lo que a juicio de Cruz comenzó desde 2003 con el MOP-Gate, caso en el que estuvo involucrado como ministro.
“Creo que esa crisis institucional que tuvo un colapso mediático y legal que perjudicó a mucha gente. Fue el inicio de un proceso de generación de desconfianza que nunca se revirtió”, señaló en el seminario Concesiones para la reactivación, organizado por Libertad y Desarrollo.
Al caso se fueron sumando ingredientes en el camino. Por ejemplo –agregó- con el cambio a la ley de concesiones en 2010 “quedó instalada la idea de que hay una contraparte pública debilitada frente a estos monstruos que venían a desarrollar una industria que solamente los beneficiaba a ellos”.
Más reciente, la discusión de tarifas de las autopistas urbanas también incidió en esa percepción, dijo. “Yo creo que la forma en que el Ministerio de Obras Públicas las ha abordado (este tema) ha sido bien lesiva, porque finalmente lo que ha quedado instalado es que los mecanismos de reajuste que había eran injustificados y, por lo tanto, había un aprovechamiento”, comentó.
Cruz indicó que “estos elementos han instalado que esta es una industria abusiva, de que se cobra más de lo que se debe y, por eso, creo que hay una justificación para que la comunidad tenga esa percepción”.
Y, dentro del análisis, incluyó la actitud más bien pasiva del sector. “Nunca hubo un intento de verdad, ni de la industria, ni de la institución a cargo, de licuar este tipo de malas percepciones”, recalcó.
Para el director ejecutivo del CPI, el principal desafío del sistema “es pensar seriamente en cómo lograr de que esta industria recupere el sitial que le corresponde y el rol que le corresponde dentro de la sociedad”.
“Lo primero que hay que reconocer, es que si no hay un sector privado dispuesto a invertir en desarrollo e infraestructura pública, el país va a tener un rezago importante en su crecimiento”, dijo.
También comentó la necesidad de mirar la evolución de la industria a nivel internacional, ya que han ido dejado el fierro y el cemento de lado, centrándose en la entrega de servicios.
Además, Cruz planteó que las inversiones deben resolver los problemas de pobreza y ser facilitadores del crecimiento.
Ante el rol de las obras públicas en la reactivación económica, indicó que “en el punto de vista del corto plazo, no tiene ninguna incidencia”, pero sí influye en “los elementos estructurales que este país requiere repensar a efectos de proyectarse a largo plazo”.
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