“Debemos nuevamente distraerlo de sus altas ocupaciones para requerir su atención hacia un problema país tan relevante como de innegables negativas consecuencias para Chile”, así comienza la carta enviada por la Asociación Chilena de Casinos de Juego (ACCJ) y firmada por 15 casinos al subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno.
Tal como en su carta enviada a la entidad el 23 de marzo, los firmantes solicitan que se respete la ley con la que obtuvieron sus permisos y se permita su renovación. Eso sí, esta vez Enjoy no firma la carta.
En el documento de cinco páginas de extensión, la asociación hace hincapié en la errónea interpretación de la ley de casinos que hace su regulador, la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ). Por lo mismo recuerdan una vez más que en la actualidad existen 19 operaciones de casinos sometidas a la Ley 19.995 que obtuvieron sus permisos de operación mediante una licitación basada en proyectos integrales. El artículo que reglamentó la aplicación de esta ley señalaba que las condiciones en las cuales se produciría la renovación de estos permisos, lo que se prorrogarían por un plazo de 15 años con opción de renovación. Pero desde la modificación de la norma en 2015, la SCJ entiende que los permisos solo tienen una extensión por 15 años.
Al respecto, la ACCJ señala que, sumado los efectos de la crisis sanitaria, donde hay un grupo importante de la industria en un proceso de reorganización judicial y municipios sin adjudicatario vigente, “se pretende aplicar retroactivamente la ley, alterando en su esencia el régimen legal que le es aplicable de una forma que no puede ser tolerada”.
Por lo tanto, los firmantes se dirigen a Moreno afirmando que la “interpretación errónea ha causado incertidumbre y un cambio de nuestras condiciones de licitación, pues de haberse incorporado en el texto original la forma de postulación que ahí ahora se trata de imponer, hubiese sido muy distinto el análisis de riesgos, montos y proyección en el tiempo de las inversiones diseñadas”, lo cual ha generado incertidumbre, precariedad en sus proyectos futuros y afectando el acceso a financiamiento y continuidad en el pago de impuestos.
El texto concluye solicitando al subsecretario que se eviten “perjuicios para el Estado de Chile y a los organismos públicos destinatarios de impuestos específicos”
Consultados por el envío de esta carta, la Subsecretaria de Hacienda señaló a DF que “estamos estudiando y analizando las propuestas que nos han hecho llegar.”
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