A las 10:55 horas de este lunes, la jueza del 4º Juzgado de Garantía de Santiago, Andrea Osorio, cerró formalmente la disputa que desde febrero de este año se había abierto entre la Fundación Isabel Aninat y Prolesur, después que presentara una querella contra los directores de ésta última Gerardo Varela (presidente) Tomás Walker, Sergio Diez, Robert Spurway y Paul Campbell acusando una administración desleal.
En concreto, la acción legal apuntaba a una supuesta extinción de deuda por parte de Prolesur -ligada a la neozelandesa Fonterra- a su compañía relacionada Soprole por un monto de $ 13.906 millones. Sin embargo, el 25 de octubre pasado, el fiscal Felipe Sepúlveda decidió cerrar la investigación argumentando que no se habían reunido los antecedentes suficientes para fundar una acusación, según explicó Prolesur en sus resultados a septiembre.
Y aunque los días que siguieron a la decisión, el gremio Aproleche solicitó la reapertura de la investigación el 6 de noviembre, esa petición finalmente no se concretó, con lo cual se procedió ayer a la audiencia donde se puso fin al episodio, la que partió con la exposición del fiscal que ratificó que no se reunieron antecedentes suficientes para fundar una acusación.
Al cierre de 2018, Fonterra tenía el 99,9% de las acciones de Soprole Inversiones, la que a su vez tenía el 70,45% de Prolesur. Además la neozelandesa tiene directamente el 15,8% de esta última sociedad, donde la Fundación Aninat participa con el 13,6%.
En la audiencia, Julián López, abogado de cuatro de los cinco directores de Prolesur, explicó que la relación entre esta sociedad y Soprole cumplió con la regulación legal que rige las operaciones entre partes relacionadas, conforme a contratos aprobados por la unanimidad del directorio.
En ese marco, indicó que el origen del conflicto partió cuando la administración de Prolesur le planteó a Soprole la modificación de contratos vigentes de acuerdo a una nueva estructura que le habrían generado un crédito por $ 13.900 millones por el período enero-septiembre de 2018. Esa propuesta fue rechazada por su contraparte, que a continuación presentó una nueva fórmula que implicaba un saldo neto de $ 4.300 millones a favor de Prolesur y $ 1.700 millones para Soprole en el mismo período del año pasado, esquema que si bien fue aprobada en el directorio con cinco votos a favor, fue rechazado por dos representantes de la Fundación Isabel Aninat.
En este escenario, López enfatizó que nunca existió la deuda que dio pie a la querella por administración desleal interpuesta por la fundación, por lo cual argumentó que nunca existió la condonación denunciada. Al respecto, agregó que la decisión del directorio fue positiva para Prolesur, ya que resultó en una estructura de precios más favorable que implicó pagos adicionales.
Desde la parte querellada, en la audiencia el abogado Gabriel Zaliasnik, representante de la fundación, adhirió al sobreseimiento explicando que llegó a la convicción de, que pese a las discrepancias entre las partes, no parecía haber un conducta dolosa.
Al abordar el tema de fondo, la jueza Osorio señaló que “no se vislumbra haya algún ilícito que se haya cometido por parte de los directores que actuaron además” con informes previos.
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