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REGÍSTRATE AQUÍLa empresa entregó sus argumentos para rebatir ante el tribunal la demanda presentada por el Sernac.
Por: Equipo DF
Publicado: Martes 15 de febrero de 2022 a las 04:00 hrs.
Un episodio de nunca acabar se ha vuelto para las empresas Cencosud, Walmart y SMU la resolución que les condenó por colusión en la venta de pollo fresco durante 2008 y 2011.
Si bien la Corte Suprema los condenó en abril de 2020, el Sernac también intervino en el caso y presentó demandas colectivas en contra de dichas firmas supermercadistas Esto, luego de que no se llegara a un acuerdo en el marco de un Procedimiento Voluntario Colectivo (PVC) iniciado por el organismo, y que buscaba una compensación a los consumidores afectados.
En el caso de Cencosud (que controla Jumbo y Santa Isabel), el Sernac presentó la acción ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia a fines de 2020, mientras que en contra de Walmart y SMU lo realizó en agosto pasado.
La compañía que controla Unimarc ya formó su batería legal que asumió su defensa. Liderando la ofensiva judicial está Felipe Bulnes -socio del estudio Bulnes, Urrutia & Bustamante y exministro de Justicia- en conjunto con los abogados Ignacio Letelier y José Manuel Bustamante.
Este grupo de profesionales tuvo a su cargo la presentación del documento que la empresa presentó al TDLC con sus descargos.
En el escrito se afirma que “con la misma convicción con la que SMU participó en el PVC, ahora debemos denunciar estar frente a una demanda absolutamente improcedente del Sernac, presentada antes del vencimiento del señalado PVC, construida sobre la base de interpretaciones antojadizas de las Sentencias de Libre Competencia”.
La defensa de SMU asevera que “no solo se demandan categorías de perjuicios improcedentes legalmente, sino que además se solicitan indemnizaciones sin plantear siquiera cómo determinarlas”.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
Los trabajos, financiados por la Subdere, debieron finalizar en febrero; sin embargo y tras cuatro prórroga, no cumplieron con los plazos. Hoy la constructora Tromen enfrenta multas por este proyecto que superan los $ 41 millones.