Tras un largo juicio, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) rechazó la demanda interpuesta en mayo de 2017 por los hermanos Carlos y Francisco Ríos Velilla, controladores de Alsacia y Express de Santiago Uno, contra el Estado de Chile.
Según informó la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), el 11 de enero, "el tribunal arbitral constituido bajo el Acuerdo de Libre Comercio entre Chile y Colombia (TLC) y el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados del Banco Mundial (Convenio Ciad), notificó a las partes su laudo definitivo poniendo término a la controversia presentada por las partes, concluyendo que la conducta de Chile no violó sus obligaciones bajo el TLC ni el derecho internacional".
El documento tiene más de 200 páginas y echa por tierra la solicitud de compensación por US$ 354 millones que habían hecho los inversionistas colombianos, alegando -en términos generales- que el Estado era responsable de su situación financiera al no tomar medidas, como el control de la evasión del sistema de transporte metropolitano o no cumplir con planes de infraestructura.
En un comunicado, la Subrei dijo que el tribunal estableció, por mayoría, "que los hermanos Ríos Velilla habían presentado parte de sus reclamaciones fuera del plazo de prescripción establecido en el tratado, determinando en consecuencia que no tenía jurisdicción para analizar el fondo. Respecto de las reclamaciones sobre las que se declaró competente, el tribunal las desestimó en su totalidad por unanimidad".
Además, se estableció que los demandantes deberán asumir el 100% de las costas, además de reembolsar a Chile el 40% de los costos legales de la defensa. Todo esto implicará un monto por unos US$ 2,6 millones.¿
Abogados de la empresa prefirieron no hacer comentarios. Los inversionistas tienen 120 días para pedir la nulidad del fallo. Si se les concede, tendrían que volver a demandar.
"Fallo da garantías a inversionistas"
Rodrigo Yáñez, titular de la Subrei, señaló que el resultado favorable es "una muestra de que los Tratados de Libre Comercio dan certeza al marco jurídico de la inversión extranjera, pero también salvaguardan la autonomía regulatoria del Estado, permitiéndole llevar a cabo sus funciones regulatorias y de política pública sin interferencias"
A su juicio, en el marco de los cuestionamientos que hay respecto al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP-11), esto es una muestra que los intereses del Estado están salvaguardados.
El fallo, que el subsecretario catalogó como "contundente", establece que la situación económica de la compañía fue por su propia responsabilidad.
Revisa acá el documento completo.
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