Tras un extenso y álgido debate, la noche de este lunes la comisión de Economía de la Cámara de Diputados aprobó en particular y despachó a la Sala el proyecto que prohíbe el corte o suspensión del suministro de servicios básicos mientras se extienda el estado de catástrofe por la crisis sanitaria del coronavirus. Lo anterior, involucrando empresas que proporcionan agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, gas por cañería y sistemas de telefonía e internet.
El proyecto plantea que, decretado por el Gobierno el estado de catástrofe por la pandemia y durante la totalidad de su vigencia, las empresas proveedoras de servicios básicos domiciliarios no podrán cortar ni suspender su prestación ni continuidad por mora en el pago de los usuarios.
Así, tras más de seis horas de discusión, la instancia logró consensuar un texto único que contempla propuestas de todos los sectores y que busca que todas las personas que han visto perjudicados sus ingresos queden exentas del pago de los servicios básicos mientras dure la pandemia.
El texto respaldado señala que las deudas de los usuarios finales que califiquen conforme a los requisitos que establece esta ley se prorratearán en las cuentas de los 12 meses siguientes a la fecha del levantamiento del estado de catástrofe y sus cobros no podrán incorporar multas ni intereses.
En materia de telecomunicaciones, el proyecto agrega que dichas empresas deberán poner a disposición de sus usuarios activos de servicios de telefonía móvil y de internet fija y móvil con contrato, incluyendo a los prepagos, un plan de conectividad solidario sin costo y por 60 días, el cual se solicitará a través de las plataformas de atención al usuario a todo cliente que lo requiera, asegurando la conectividad para fines educacionales y laborales.
Asimismo, durante la sesión se apoyó una indicación propuesta por los diputados Jaime Naranjo (PS) y Joanna Pérez (DC) que saca de esta regulación a las empresas de Agua Potable Rural, Cooperativas Eléctricas y empresas con menos de 12 mil clientes a la fecha de inicio del estado de catástrofe por calamidad pública.
Dichas empresas, establece el documento, deberán prorrogar el pago de dichos servicios a los usuarios que se encuentren catalogados dentro del 40% de los hogares más vulnerables en relación con el Registro Social de Hogares, cuyo cobro será prorrateado en las cuentas de los 12 meses siguientes a la fecha del levantamiento del estado de catástrofe.
Lo anterior, agrega, sin prejuicio que este beneficio podrá ser ampliado por dichas empresas de conformidad a su propia capacidad de aumento.
Por otra parte, el proyecto establece que los costos que causen un perjuicio a las empresas de energía eléctrica con la implementación de la presente ley, nunca podrán ser traspasados a los clientes finales.
Pese a que la iniciativa contó con la exposición de varios diputados, tanto del oficialismo como la oposición, la votación se aplazó para mañana, donde se espera que pueda ser despachada al Senado para su discusión.
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