En vano fueron las exposiciones que realizaron los ministros de Energía, Obras Públicas y Transportes y Telecomunicaciones para tratar de convencer a los senadores de la Comisión de Economía de aprobar este lunes el veto al proyecto de ley de servicios básicos, que ya había contado con la negativa de la Cámara de Diputados la semana pasada.
Pese a que los secretarios de Estado insistieron en que “también queremos promulgar esta ley, pero que sea de buena manera y evitar el riesgo de que el Estado sea demandando por privados”, finalmente la instancia rechazó en su totalidad las cinco indicaciones presentadas.
A petición de la senadora Ximena Rincón, se optó por votar en un paquete todas las observaciones, siendo rechazadas por tres votos en contra, uno a favor y una abstención. Este martes a las 16 horas está en tabla la votación final -ya que la comisión solo hace una recomendación- en sala del Senado.
Respecto a la única observación de carácter aditiva -que establece un límite al consumo de agua de quienes quieren prorrogar el pago de sus cuentas-, no hay posibilidades de que se vea reflejado en el texto final de la ley, independiente de lo que suceda en el Senado, porque ese artículo ya fue rechazado en la Cámara de Diputados.
De todos modos, el gobierno se jugará su última carta para que algunos de los puntos no queden en la ley, como son los beneficios en materia de telecomunicaciones y lo referente a llevar a tarifa los costos de la suspensión de estas medidas de ayuda. Pese a que el Ejecutivo podría ver rechazado su veto, si los senadores no logran el quorum de 2/3 para insistir con los textos originales, esos artículos podrían quedar fuera del texto final.
Beneficios de la ley
La iniciativa que se presentó el 18 de marzo busca suspender el corte de servicios básicos (agua, luz, gas y telecomunicaciones) en caso de no pago, mientras dure el Estado de Excepción en el país, algo que según ha explicado el gobierno no está en riesgo en esta oportunidad.
Además, plantea que quienes tengan problemas para pagar sus cuentas, puedan prorrogarlas en hasta 12 cuotas sin interés. A estos beneficios pueden acceder todos quienes estén en el 60% más vulnerable según el Registro Social de Hogares, quienes hayan perdido su trabajo o hayan visto mermados considerablemente sus ingresos a raíz de la pandemia por Covid-19.
Otras disposiciones que plantea el proyecto de ley es un plan solidario en el caso de las firmas de telecomunicaciones -que incluye un conjunto de prestaciones gratuitas de telefonía fija, móvil o de acceso a internet- y la prohibición de que las empresas proveedoras de servicios básicos domiciliarios traspasen los costos que podrían irrogar la entrega de estos beneficios, a las tarifas de sus clientes. Estos dos últimos, son los que el gobierno ha insistido en sacar del texto legal.
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