De la auditoría interna y gerencia de riesgos, a toda la organización. La función de compliance se ha desarrollado y extendido en las empresas, entes estatales y próximamente a todos los organismos susceptibles de corrupción interna o en su interacción con otros. Mirar para otro lado ya no es el camino para prevenir que la empresa participe de delitos como el lavado de activos, financiamiento del terrorismo, administración desleal y otras faltas corporativas.
La promulgación de la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en 2009 y sus posteriores modificaciones -que amenazan incluso con disolver una firma en caso de delito- no solo han transformado el ordenamiento jurídico chileno y la tradición que parecía dominar, sino que obligaron a las empresas a conocer a sus clientes.
Términos nuevos como PEP (personas políticamente expuestas), oficial de cumplimiento, cohecho pasivo, corrupción entre privados, administración desleal o negociación incompatible comenzaron a hacerse comunes. La propia Bolsa de Comercio de Santiago obligó a todas las empresas y entidades que transan en su rueda a estar al día con la norma. La Comisión para el Mercado Financiero ha emitido varios oficios al respecto y ya hay más de 30 empresas Certificadoras de Modelos de Prevención de Delitos.
Hasta la fecha, solo algunas empresas han sido condenadas por esta normativa: Salmones Colbún, Sociedad Agrícola Mecanizado, Universidad Del Mar, Áridos Maggi y Constructora Pehuenche.
Una gran mayoría, ha llegado a acuerdos con el Ministerio Público para suspender condicionalmente el proceso (SQM, Tecnodata, Ceresita, Universidad Pedro de Valdivia, entre otras). Solo la firma Asevertrans, que fue formalizada por cohecho, ha sido absuelta.
De cuatro a doce delitos
Fue por exigencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que Chile incorporó la responsabilidad penal de las personas jurídicas en su ordenamiento legal. El sistema partió con cuatro delitos: cohecho, lavado de activos, financiamiento del terrorismo y receptación y; con las modificaciones posteriores subió a doce. Cada uno, con multas significativas.
"No importa el tamaño de la compañía. Cada empresa puede y debe diseñar un modelo de prevención que se ajuste a sus necesidades particulares", dice el abogado Rodrigo Reyes, quien se dedica a la certificación de modelos de prevención desde 2009 cuando creó su compañía Prelafit.
Coautor del libro "Compliance Penal: Sistemas de prevención de la corrupción", escrito con el Estudio Carey y la Universidad de Talca; socio del ex primer director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UAF) Víctor Ossa en Prelafit y profesor en distintas universidades, Reyes ha estado ligado a casos de lavado de activos desde el año 2000, cuando a través de un concurso público ingresó al Consejo de Defensa del Estado (CDE). Litigó en los casos de Aero Continente, cuyo propietario, Fernando Zevallos tenía comprobados antecedentes de narcotráfico en Perú y que en Chile fue liberado por la justicia; la Operación Océano, en que se acusaba de una serie de delitos relacionados con lavado de dinero y asociación ilícita al empresario viñamarino Manuel Losada; el caso del Cabro Carrera –Mario Silva Leiva–; y el de la Familia Mazza con sus casas de cambio.
En 2005, con la Reforma Procesal, Reyes se convirtió en abogado litigante externo del CDE, labor que cumple hasta ahora. En esa calidad, ha litigado en casos de corrupción, como la compra de tanques Leopard y cazabombarderos Mirage usados y las cuentas secretas de Augusto Pinochet en el Banco Riggs.
Fútbol y corrupción
Pocos fenómenos han experimentado un cambio tan vertiginoso en los últimos años como el fútbol. Los miles de millones de dólares que el pasatiempo favorito de media humanidad produce al año lo han vuelto un lucrativo negocio susceptible a hechos de corrupción, provocando que los aficionados pierdan la inocencia.
El gran destape comenzó en 2015 cuando el departamento de Justicia de Estados Unidos exigió la detención algunos altos cargos de la FIFA por formar parte de un sistema mafioso de sobornos, blanqueo de dinero y robo. Hubo más de 40 dirigentes imputados, multados y suspendidos, entre ellos el propio presidente de la FIFA, Joseph Blatter, y el de la chilena Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), Sergio Jadue. "Nos llamaron a participar en el seminario de integridad que organizó la ANFP, al que asistieron los encargados de integridad de la FIFA y la Conmebol y luego para capacitar a los empleados", comenta Reyes. En 2018, el abogado y su empresa enseñaron a dirigentes y funcionarios de la ANFP cómo hacer que los modelos de prevención de delitos funcionen.
Cuando Reyes habla de fútbol lo hace también como fanático. Es hincha de la Universidad de Chile, va al estadio todas las semanas sin falta y junto a un grupo de amigos sigue a la Selección Chilena por el mundo. Y le preocupa que hechos de corrupción afecten a este deporte, "porque el fútbol es una actividad masiva que entusiasma a mucha gente, muchos niños y jóvenes; y el tema de la ética debe estar siempre, en el centro", sostiene.
-Cuando comenzó a regir la ley de responsabilidad de las empresas hubo desdén y escepticismo. ¿Hoy, las empresas están realmente interesadas en implementar medidas?
-Hay empresas que han desarrollado esto muy bien, tienen departamentos de compliance y otras que están recién empezando. También hay otras que no tienen nada como las PYME y startups, porque no tienen recursos para desarrollar programas. Los bancos les piden programas de compliance cada vez más y si no logran implementarlos, a veces, les cierran las cuentas. Las grandes empresas son las únicas que invierten en estos temas.
Una nueva demanda
Rodrigo Reyes estudiaba derecho en la Universidad Diego Portales en 1993 cuando su padre murió repentinamente en un accidente de tránsito. Luis Reyes había sido su principal inspiración para ser abogado y, a su partida, el entonces estudiante tuvo que hacerse cargo del estudio legal que su papá lideraba.
Se tituló en 1995 y después se perfeccionó en áreas relacionadas con el derecho penal económico. También estudió inglés jurídico en la Universidad de Dayton, en Estados Unidos.
Según su currículum ha representado al Estado chileno ante diversas entidades relacionadas con el lavado de activos y es académico de programas de diplomado de compliance y probidad y buen gobierno.
Esta experiencia es la que le ha permitido notar que los estudiantes de derecho están mirando cada vez con mejores ojos esta área de la profesión.
-¿Y las universidades, se están adaptando a esta nueva demanda?
-Yo creo que el cambio de mallas en las escuelas de Derecho es fundamental. Pero lentísimo. Hoy los profesionales se están especializando de manera importante en esta área y veo que la industria está pidiendo cada día más expertos. El abogado del futuro se encargará de la gestión de los riesgos legales de su compañía. No será quien resuelva los litigios.
-El extenso corte de agua en Osorno y el rol de ESSAL, ¿es desde su punto de vista un nuevo caso de responsabilidad penal de las personas jurídicas?
-Entiendo que el Ministerio Público al menos estuvo evaluando efectuar algún tipo de imputación relacionada con responsabilidad de las empresas a Essal, por la falta de cuidado en el desarrollo medidas de mitigación para no incurrir en delitos y uno de los delitos que está tipificado en la ley, a partir de este año, es la contaminación de aguas que contengan recursos hidrobiológicos. Entonces, cuando se produce el vertimiento de gran cantidad de combustible en un río, eso tiene que haber tenido un impacto en el medio ambiente y eso es de responsabilidad de Essal, siempre que no hubiese cumplido con sus deberes de dirección y supervisión, dice la ley. Y cuando uno lee en la prensa las declaraciones de la persona que estaba a cargo de esta planta y que esto funcionaba con un manómetro que estaba malo y que le pegaba con una piedra para que funcionara, uno dice, 'claramente ahí había una negligencia', porque no puede ser que eso pase en una empresa seria. Ahí debería haber una imputación a la empresa.
-¿El reclamo c0ntra los abusos que también ha estado presente en este estallido social, obliga a repensar las normas de compliance?
-Sí. En materia de anticorrupción, que es donde se percibe de manera importante la sensación de abuso, por lo que se debiera apuntar a una mejor legislación, aumentando las penas de los delitos de 'cuello blanco'. No es posible que en Chile tengamos "mano dura" contra quienes participan en un robo, pero no exista igual reacción contra los delitos empresariales, como el caso de la colusión u otros delitos económicos que producen más daño.
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