Tras conocerse que Desarrollo País (ex Fondo de Infraestructura) será el encargado de ejecutar el cable de fibra óptica submarino que unirá Chile con Asia Pacífico, el gerente general de la firma estatal, Patricio Rey, detalló a DF los pasos que vienen en el corto plazo para el proyecto más avanzado de la cartera, como parte del plan quinquenal.
Ya despejados los resultados de los estudios de prefactibilidad levantados por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) -que costaron US$ 3 millones-, y que arrojaron que la ruta más rentable es Valparaíso-Sydney, hoy el foco está puesto en contratar un banco de inversión de aquí a fin de año para poder comenzar con la búsqueda de socios estratégicos.
“En esta primera etapa, la idea es encontrar uno o más socios que tengan conocimientos profundos del mercado de la fibra óptica y, sobre todo, conocimiento comercial. Eso es la clave de todo esto; el cómo vender bien ese tráfico. Y una vez que podamos encontrar partners, crearemos una empresa y nos pondremos a trabajar de lleno en la venta”, dijo.
Precisamente, tener al menos un 30% de los costos de construcción comprometidos en ventas es clave para encontrar compañías que quieran financiar el proyecto.
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Sin embargo, esto no ha detenido el interés de inversionistas, pues Rey aseguró que han estado en contacto con diversas firmas y fondos de inversión, que han expresado su intención de participar del financiamiento del proyecto.
Entre estos están el BID, la DFC e incluso la misma CAF, que no descarta ser también un socio estratégico. De esa manera, la idea es levantar el proyecto con un 70% de endeudamiento.
Los clientes a los que apuntan llegar son las principales Over The Top media services (OTT), como Google, Amazon y Facebook, entre otras, que concentran aproximadamente un 80% del tráfico por fibra óptica mundial.
Aprobación local
En el intertanto, otro tema que queda por resolver y que es clave para que Desarrollo País pueda proceder en obtener los recursos para pagar al banco de inversión, y que éste adelante en la búsqueda de socios, es obtener el visto bueno del Ministerio de Desarrollo Social, donde se está realizando una evaluación privada.
Rey explicó que no se hace una evaluación social como ocurre en el caso de carreteras u hospitales, pues la Ley bajo la que se creó la empresa estatal establece que debe generar ingresos y tener rentabilidad anual. Bajo ese esquema, Desarrollo País puede invertir en otras obras de este tipo. “Sin embargo, eso no quita que todos los proyectos que estamos viendo tienen también rentabilidad social”, enfatiza.
“En este caso aportará a crear un mercado mucho más profundo en las telecomunicaciones. Y es que tendrá un cable lo más abierto posible para que todos los que quieran comprar un gran volumen de datos lo puedan hacer -muchos de los cables de fibra óptica en el mundo tienen un solo propietario, como Google, y al que solo ellos pueden acceder-; de esa forma, la idea es que ayude a que los precios del acceso a Internet bajen para todos los chilenos”, explica Rey.
Los otros ejes
En total son cinco industrias donde la firma estatal pondrá sus ejes de acción por los próximos cinco años. Además de la infraestructura digital, están la construcción de viviendas sociales, de infraestructura de transporte público, revitalización de barrios cívicos a lo largo del país y la desalación de agua para la agricultura.
En una exposición en el Senado el pasado miércoles, Rey explicó a los parlamentarios que este último eje quedó en stand by y no están trabajando proyectos activamente, debido a que no cuentan con un patrimonio tan grande aún, pues los flujos de este año han sido menores a los proyectados. Ello no les permite garantizar la infraestructura que se requiere para poder construirla.
Falta de cambios a la ley complica traspaso de concesiones al fondo
Antes de ampliar sus líneas de acción, Desarrollo País se pensaba como un brazo ejecutor al estilo de la Dirección General de Concesiones (DGC). Para esto, se debía hacer un traspaso de obras a relicitar al fondo, pero esto no ha ocurrido.
Ello fue duramente cuestionado por algunos parlamentarios en la comisión del miércoles, como Ximena Órdenes, quien esbozó: "En un inicio se diseñó este fondo en la lógica de que las relicitaciones, especialmente autopistas, pasaran como un activo directo ¿Y por qué no ha ocurrido? Yo esperaba que al menos Talca-Chillán pasara a Desarrollo País".
Frente a esto, la presidenta del directorio de la estatal, Luz Granier, explicó que la debilidad legal para relicitar frente a la DGC ha complicado el traspaso. Dijo que se les otorgó el Decreto 900 -a través del cual Concesiones realiza licitaciones-, pero bajo ciertas condiciones.
Así, señaló que cerca de seis puntos deberían ser cambiados, con la prenda especial siendo la principal.
Pero, dijo "también enemos que pensar que, cuando se reliciten estas obras, no necesariamente lo harán con pagos al comienzo. Si los hacen al final, tampoco vamos a tener flujos inicialmente", agregó Granier.
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