A pocos días de la entrada en vigencia de la Ley de Jibia y, en medio de una intensa discusión en el sector por el rechazo de la Cámara de Diputados a prorrogar el inicio de la normativa que elimina la pesca por arrastre, una nueva arremetida preparan los parlamentarios de oposición, al llevar esta misma regulación a otro recurso marino: la merluza, que se desarrolla entre las regiones IV y X, y que mantiene veda reproductiva en septiembre de cada año.
El jueves pasado, los parlamentarios Víctor Torres (DC), Alexis Sepúlveda y Cosme Mellado (ambos PR) ingresaron un proyecto que elimina la práctica de arrastre de la merluza y que establece que, quienes infringan esto, serán sancionados con 500 UTM ($ 25 millones aproximadamente).
No son los únicos. Los diputados del Frente Amplio Jorge Brito (RD) y Camila Rojas (Comunes) ingresarán otro proyecto que apunta al mismo objetivo, después de la semana distrital.
De hecho, ayer el diputado Brito realizó una asamblea con los pescadores de Caleta Portales y señaló en su cuenta de Twitter estar “trabajando para que juntos pongamos fin al arrastre para la merluza”.
Fuentes cercanas al FA mencionaron que el proyecto de Brito y Rojas está en etapa de revisión y que, cuando se presente, éste podría fusionarse con el de los otros parlamentarios, ya que irían “en el mismo sentido”.
La merluza en los últimos años, según la Subsecretaría de Pesca, ha sido sobreexplotada (2017 y 2013) y agotada (2015 y 2014).
Cuando Torres, Sepúlveda y Mellado ingresaron la iniciativa que busca eliminar la pesca por arrastre de la merluza, el diputado DC señaló que con el proyecto “establecemos que la merluza solo puede ser capturada mediante el uso de espinel o red de enmalle, con lo cual se eliminan todos los demás sistemas, incluida la pesca de arrastre”.
Agregó que “en el programa del segundo gobierno de Bachelet se estableció el propósito de avanzar en la eliminación progresiva de la pesca de arrastre, porque sabemos que es una de las formas más dañinas de captura, ya que las redes de arrastre no discriminan”.
Críticas del sector industrial
La empresa Pacific Blu, que acaba de cerrar una planta de jibia en Talcahuano y desvincular a 367 personas por el inicio de la ley, se encuentra nuevamente en incertidumbre tras la nueva ofensiva parlamentaria, ya que es la mayor proveedora de merluza desde el sector industrial.
El gerente general de la pesquera, Marcel Moenne, enfatizó en que “si la Ley de Jibia nos cercenó el 50% de la empresa, el proyecto que busca eliminar la pesca de arrastre de la merluza común nos termina por matar (...) Si esto prospera, la proyección es el cierre. Así de simple y así de claro. Lamentamos que parlamentarios estén impulsando este tipo de mociones que nada tienen que ver con sustentabilidad ni soluciona ninguno de los problemas reales del sector pesquero artesanal e industrial”.
El presidente del Sindicato de Tripulantes de Arrastre, Ricardo Flores, dijo que en la Región del Biobío hay dos barcos que pescan merluza con sistema de arrastre y abastecen una planta con 670 trabajadores, que tienen un trabajo estable”.
A raíz de ello, cuestionó que este nuevo proyecto podría provocar nuevos despidos. “Me queda claro que estos señores no tienen idea de qué están hablando”, afirmó Flores.
Desde la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes), la gerenta de Asuntos Públicos, Verónica Ceballos, dijo que “prohibir este método de captura sería un error más, cuya decisión no tiene sustento científico ni técnico. En lo que debemos avanzar es en la certificación de las pesquerías de arrastre”.
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