Ejecutivo vuelve a la carga por temporalidad de derechos en reforma al Código de Aguas

Este lunes se retomó la discusión de la reforma al Código de Aguas en el Senado. El 31 de enero la comisión de Agricultura despachó el proyecto de ley a la comisión de Constitución, instancia que se espera que sea de rápida discusión, para luego ser visada por Hacienda y convertirse finalmente en ley.

En una sesión que duró cerca de dos horas, el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, expuso a los integrantes de la comisión las propuestas del Ejecutivo que tuvieron acuerdo en la instancia anterior, así como aquellos puntos que, a su juicio, deben ser nuevamente discutidos por tener problemas de constitucionalidad, pero también prácticos.

En esto último fueron seis los puntos que abordó Moreno, donde los más relevantes dice relación con la temporalidad de los derechos de agua y su caducidad por no uso. Estos fueron precisamente los puntos de controversia en su discusión en Agricultura, especialmente el primero, pues es contrario a la perpetuidad que establece la normativa actual.

Según explicó el secretario de Estado, tal como quedó redactado el código crea dos grupos de personas con distintos derechos y problemáticas. Por un lado, quienes poseen derechos de agua actualmente seguirán teniéndolos por tiempo indefinido, y por otro, está el caso de quienes adquieran nuevos derechos, cuyas concesiones serán a 30 años.

El otro problema que identificó la autoridad dice relación con la renovación de los futuros derechos de agua. Esta se debe solicitar 10 años antes de que caduquen, y según se establece en el texto, la única condición es no tener problemas por no uso, es decir, realizar las obras necesarias para su utilización: en el caso de aguas subterráneas es tener un pozo y la bomba correspondientes, y para aguas superficiales, que el canal de riego tenga acceso al río. Moreno dijo que las condiciones son simples, por lo que la renovación sería prácticamente automática. El gran problema se produce a reglón seguido, donde se establece que la Dirección General de Aguas (DGA) puede realizar observaciones que podrían modificar la decisión anterior.

"Tenemos un problema de discriminación (por existir dos clases de derechos de agua), y también de la discrecionalidad que podrían tener los futuros funcionarios de la DGA, tanto al otorgar como al renovar los derechos, porque no se sabe cómo se va a hacer. No hay un reglamento que diga cómo se decide si le darán los derechos por 10, 20 o 30 años, ni tampoco qué decide si me los a renovar o no", señaló.

Luego agregó: "Tal como quedó establecido, el otorgamiento, plazos y la renovación de los derechos de agua hacen que todo el sistema tenga una debilidad enorme".

Respecto a la caducidad por no uso, Moreno lamentó que a última hora la comisión de Agricultura "desechara el acuerdo", pues hizo énfasis en que se ha demostrado que las patentes por no uso son la solución al problema. "Ya está comprobado por lo que ha pasado con el proyecto del año 2005, que esa es la solución. Lo que hace es quitar el límite de pago, por lo que hay patentes que crecen permanentemente (en el monto a pagar)", dijo.

"Se mantuvo la caducidad por no uso de los derechos futuros y también de los antiguos, lo que hace que el proyecto tenga una situación que es bien notable, porque tiene patentes de no uso que suben cada cinco años en forma infinita y, sin embargo, la caducidad se produce por el mismo motivo de la patente: por no uso", agregó.