En menos de 24 horas, luego del anuncio de la expropiación del cuarto exportador agrícola de Argentina, Vicentín, el presidente Alberto Fernández tuvo que salir al paso de las críticas.
“No está en la cabeza de ninguno de nosotros andar expropiando empresas (...) La excepcionalidad de esta decisión es absoluta”, apuntó.
Y agregó: “No nos estamos quedando con una empresa próspera, sino con una quebrada (...) éste es un enorme esfuerzo del Tesoro nacional”.
Además, negó que se tratara de una decisión impulsada por su vicepresidenta, Cristina Fernández, quien lideró en administraciones pasadas acciones similares contra compañías como la estatal petrolera YPF y Aerolíneas Argentinas.
Empresarios atentos
Las palabras del mandatario peronista surgieron tras el rechazo unánime, no sólo desde la oposición, sino de expertos en el sector y líderes de empresas quienes alertaron sobre la posibilidad de que la estatización se convierta en una política de Estado.
Desde la Unión Industrial Argentina (UIA), su director Martín Cabrales dijo esperar “que esto sea un caso puntual”, porque consideró que no es una medida con la que el país ganará soberanía alimentaria, tal y como afirmó el jefe de Estado en la Casa Rosada.
Por su parte, José Urtubey, también directivo de la UIA, consideró que “el gobierno se está comprando un gran problema” con esta decisión, pero dijo confiar en que se trata “de una medida puntual para un caso puntual”.
En tanto, Mario Grinman, al frente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), reconoció que el anuncio los tomó por sorpresa y que “nos hace temer que esto sea una política” del gobierno.
“No es una empresa privada que se puede considerar esencial como eléctricas o transporte público y, si ese fuese el caso también habría que verlo. Pero en una empresa privada como ésta, que estaba en concurso con un juez , con un proceso legal en marcha, es diferente”, dijo Grinman.
Así las cosas, los ejecutivos entienden la medida asociada a la situación en la que se encuentra la firma -en concurso preventivo por una deuda de US$ 1.350 millones-, pero reafirman la confianza en un modelo de separación entre las empresas y el Estado.
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