El viernes la administración de Alberto Fernández dio una señal compleja a las empresas aéreas que operan en Argentina, tras prohibir la venta de tickets hasta el mes de septiembre. Esto significó un portazo en la cara en contra de las negociaciones que sostenían las aerolíneas con el gobierno, mientras la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), gremio mundial que reúne a las compañías, reaccionó de inmediato e informó a la autoridad trasandina que, con esta medida, no sólo hay perjuicios económicos involucrados sino que también legales.
"La decisión de limitar las operaciones aéreas y la comercialización de los vuelos contradice los acuerdos bilaterales sostenidos por la República de Argentina. Esto genera incertidumbre para las líneas aéreas internacionales que cuentan con un permiso de operación vigente para ejercer los derechos que de él derivan, además de poner en riesgos el cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos bajo estos mismos acuerdos", dice la carta que envió el vicepresidente de la IATA en Latinoamérica Peter Cerda al ministro de transportes del vecino país, Mario Meoni.
Las advertencias apuntan a que la industria aérea argentina está en peligro, porque muchas de las rutas internas y externas se perderán por la alta cantidad de meses sin poder ser operadas.
El director ejecutivo de la Cámara de Líneas Aéreas en Argentina (Jurca), Felipe Baravalle, también se sumó a la seguidilla de cartas encendiendo las alarmas de preocupación. "La abrupta caída de la demanda y el impacto en los ingresos ya ha generado un escenario crítico para los operadores, que sólo podría agudizarse si la autoridad sostiene esta decisión", dijo el líder del gremio donde también participa Latam Airlines.
Los miembros de Jurca, apuntan a que es "imprescindible evaluar otras alternativas", manifestando que están con un 100% de disposición de abrir espacios de conversación y trabajo que permitan discutir en conjunto las soluciones que resuelvan, por un lado "las ineludibles demandas sanitarias", y por otra parte, las "urgentes necesidades de la industria aérea, en la procura de su supervivencia en este desafiante contexto".
En paralelo, el Consejo Internacional de Aeropuertos-Latinoamérica y Caribe (ACI-LAC) y la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA), también enviaron sus preocupaciones a la administración de Fernández. En su misiva detallan que, además de la pérdida de conexión de Argentina con el mundo, los aeropuertos nacionales enfrentarán una situación grave en la que deben seguir en funcionamiento con sus respectivos costos operativos para atender los vuelos de carga aérea y humanitarios, pero sin vuelos comerciales de pasajeros cuya actividad representa más del 80% de sus ingresos.
"Nuestra responsabilidad es expresar la profunda preocupación que genera la resolución en referencia, que no fue compartida ni consensuada con la industria y que, además, va en contravía de los esfuerzos de todos los actores del sector para proponer e implementar un plan de reactivación responsable y seguro, que reestablezca las actividades comerciales y un servicio esencial para la población", expresaron en conjunto ambas entidades.
Según información de ALTA, el sector de viajes y turismo aporta 10% al PIB de Argentina y genera 9,4% de los empleos en el país con cerca de 2 millones de fuentes de trabajo, de acuerdo con estudios del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC). "Se trata de un sector fundamental para el bienestar de la población", añadieron.
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