Un total de 89 empresas estarán afectas al impuesto verde a fuentes contaminantes fijas según el listado de establecimientos a los que potencialmente se les aplicará este gravamen en 2021. Esto, mientras el Gobierno se prepara para implementar los cambios derivados de la última reforma tributaria, promulgada en febrero de este año.
En 2017 se identificó un total de 85 potenciales establecimientos afectos, un año después 110 y en 2019 se ajustó a 92. Este año son 88 y el próximo será uno más que el año anterior, correspondiente a Tulsa, una maderera del Biobío.
El impuesto establece un cobro por las emisiones de contaminantes como material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx) y dióxido de carbono (CO2). Están afectos los establecimientos cuyas fuentes fijas, conformadas por calderas o turbinas, individualmente o en conjunto, sumen una potencia térmica mayor o igual a 50 MWt.
Según la resolución exenta emitida el 21 de diciembre por el Ministerio del Medio Ambiente, se mantienen los establecimientos del año anterior, como la Planta Mejillones (Corpesca), División Chuquicamata (Codelco) y Ventanas 1 y 2 (AES Gener).
La ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, señala que “los impuestos verdes son un instrumento de gestión ambiental que han demostrado su efectividad a nivel global, basados en el principio de ‘quien contamina paga’, generando un incentivo para que los privados incorporen con mayor fuerza tecnologías limpias”.
Desde su vigencia, el impuesto verde sobre fuentes fijas ha recaudado cerca de US$ 564,8 millones. Durante el último período tributario (2020), correspondiente a las emisiones 2019, este gravamen recaudó cerca de US$ 185,6 millones, de los cuales el 89% proviene de cobro por emisiones CO2. El sector de mayor tributación fue la generación eléctrica, con el 94% del total y el carbón se estructuró como el principal combustible gravado con cerca del 60% del total.
Ajustes en 2023
Tras la aprobación de la ley 21.210 que moderniza el régimen tributario, a partir del año 2023 el impuesto verde sobre fuentes fijas contará con modificaciones relevantes que buscan potenciar su impacto en la reducción de emisiones contaminantes. En sí, se corrige el sesgo tecnológico (solo calderas y/o turbinas) para la definición del criterio de afectación, ampliándose a cualquier tipo de fuente emisora con combustión que supere límites. Además, introduce un instrumento de compensación de emisiones contra el pago de impuesto.
La principal modificación establecerá un criterio de afectación según la cantidad de emisiones de CO2 y MP emitida al año, lo que supone cambios en el listado. Pero, las estimaciones preliminares del ministerio indican que la estructura no se vería alterada sustancialmente, aún cuando se visualiza el ingreso de nuevos establecimientos.
“La ventaja de esta modificación radica en la vinculación directa entre las emisiones y su afectación, dejando de lado el tipo de equipo que genera la emisión o su tamaño, como estaba considerado hasta ahora”, indica Schmidt.
Consultada por efectos en la recaudación, la ministra dice esperar un aumento, dada la mayor cobertura que plantea la modificación. Sin embargo, “la cuantía dependerá del desempeño y gestión ambiental que establezcan los potenciales afectos”.
La implementación de estos cambios involucra desde instrumentos de soporte reglamentario hasta el desarrollo de plataformas tecnológicas. Algunos de los avances en esta línea son el registro de fuentes y procesos, operativo desde marzo, a través del Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (RETC); y el Registro Único de Emisiones Atmosféricas (RUEA) que permite centralizar y unificar los reportes de emisiones provenientes de distintos instrumentos de gestión ambiental.
A lo que se suman mesas de diálogo público-privadas respecto al mecanismo de compensación de emisiones en el marco del impuesto verde realizadas durante noviembre y el desarrollo de consultorías.
Schmidt advierte: “La modificación tributaria establece su vigencia desde enero 2023, período de tiempo que necesita de un proceso de transición y marcha blanca de los nuevos sistemas de reporte que sustentarán el cambio, lo que requiere en buena medida de involucramiento temprano y activo del sector privado”.
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