Una indicación del diputado Jorge Brito (FA), que propuso se respete el estado físico y mental de los “recursos hidrobiológicos sintientes” en la pesca industrial, marcó una nueva polémica en la tramitación de la nueva Ley de Pesca. Si bien durante la jornada del miércoles, Brito reformuló la indicación -que igualmente fue rechazada en la Comisión de Pesca que él mismo preside-, no ha sido el único obstáculo de la iniciativa.
En junio, un grupo de tres diputados de oposición (UDI y RN) presentó 211 indicaciones idénticas a las de un informe encargado por Sonapesca a Acuiestudios, desatando las críticas del Ejecutivo. El ministro de Economía, Nicolás Grau, sostuvo que la industria actuó de forma transparente, pero manifestó preocupación por el actuar de los parlamentarios. Según publicó La Tercera, la indicación de Brito también fue extraída de la propuesta de una organización vegetariana, Fundación Veg.
“Es increíble que, no siendo ley, su nivel de legitimidad, credibilidad y seriedad para abordar el tema, ya esté cuestionado (...) Este proceso hay que reiniciarlo”, indicó el diputado Eric Aedo (DC).
Todo esto, en un escenario en que, a seis meses de su ingreso al Congreso, se están revisando las casi 900 indicaciones (846 de diputados y 33 del Gobierno) que ingresaron. Desde Sonapesca consideraron que no hubo un proceso prelegislativo “real, profundo, con diálogo y efectivo con los actores”. En ese sentido, sostuvieron que el hecho de que el Ejecutivo haya presentado esas indicaciones y vaya a presentar dos paquetes más “habla de un proyecto desprolijo al que le faltó trabajo legislativo”.
“Es increíble que, no siendo ley, su nivel de legitimidad, credibilidad y seriedad para abordar el tema, ya esté cuestionado (...) Este proceso hay que reiniciarlo”, indicó el diputado Eric Aedo (DC), que forma parte de la Comisión.
Reparos a la tramitación
La crítica del diputado Aedo cobra relevancia debido a que el principal argumento del Ejecutivo para impulsar un nuevo proyecto de ley apunta a otorgar legitimidad al sector pesquero ante los vicios que denuncia en la actual normativa, cuya tramitación terminó con condenas por cohecho a los exparlamentarios Jaime Orpis y Marta Isasi, además de una sentencia por soborno contra Corpesca.
El diputado Tomás de Rementería (PS) es más optimista y desdramatiza la cantidad de indicaciones presentadas. Estimó que esto es normal, dado que hay posiciones encontradas, pero considera que es “necesario que la discusión de la Ley de Pesca sea rápida”. Sobre la indicación de Brito, planteó que era ajena al proyecto: “La Ley es precisamente para la pesca, no para los peces”.
Un factor relevante es que el proyecto cuenta con una fuerte oposición de la industria, que ha argumentado que carece de sustento técnico. Los roces comenzaron el mismo día que el Presidente Gabriel Boric presentó la iniciativa en una caleta en Quintay, cuando los gremios industriales criticaron su baja participación y no haber sido invitados a esa ceremonia.
Pero la mayoría de las críticas son técnicas. Marcel Moenne, gerente general de PacificBlu, pesquera ligada a las familias Santa Cruz, Sarquis y Stengel, sostuvo que el proyecto propone “quitarnos el 41% de nuestras cuotas actuales de pesca en uso para luego subastarlas al mejor postor”. Con esto, se refiere a la idea de reducir la fracción industrial que se otorga por criterios históricos y aumentar la que se licita.
Macarena Cepeda, presidenta de Pescadores Industriales del Biobío, afirmó que “el foco del Gobierno es expoliar (expropiar sin indemnización alguna) los permisos de pesca vigentes que tienen vigor, al menos, hasta 2033 y cambiarlos por permisos de 10 años de duración”.
Alarmas en la industria
El proyecto también se propone reducir el plazo de duración de las licencias de pesca de 20 a 10 años. “Es incomprensible en un sector productivo cuyas inversiones retornan en 30 o 40 años”, advirtió Moenne.
En tanto, Sonapesca entrega otros ejemplos prácticos, como la eliminación de barcos congeladores en la zona sur austral, donde ningún otro barco puede operar -argumentaron-, creando una categoría de barcos “congeladores cerqueros” que no existen en Chile.
Para Moenne, las declaraciones que han realizado ya sea Brito o el subsecretario de Pesca, Julio Salas, “dejan ver que existe una animadversión contra el sector pesquero industrial y un preocupante desconocimiento de cómo opera el sector en general”.
Cepeda, en la misma línea, dijo que el subsecretario Salas ha hecho propuestas inviables y que “ejerce permanentemente vocerías públicas que buscan sembrar un permanente manto de dudas sobre la pesca industrial nacional”. Esgrimió que la pesca industrial está a favor de una buena ley “alejada de ejercicios ideológicos” o de una “compensación por hechos de corrupción ocurridos en el norte del país”.
La dirigenta apuntó a que la polémica por las indicaciones copiadas expuso una molestia “por el lapidario informe (...) que dio cuenta que quienes habían redactado el proyecto de ley carecían del conocimiento técnico”.
Desde Sonapesca añadieron: “Lo que vemos con mayor preocupación, es que el proyecto llega en un momento en el que se necesitan certezas y diálogos en pos de nuestra economía. No hay duda que este proyecto primero afecta la inversión y el empleo en los territorios”.
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