De cara a la redacción final de las bases de la licitación que pretende renovar 12 licencias de casinos de juego en el país, la industria titular de los permisos inició una ofensiva para intentar defender el derecho preferente que tienen para continuar por 15 años más explotando esas plazas.
El consultor en materias de juego y extitular de la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) entre 2005 y 2012, Francisco Leiva, explica que la ley original que masificó el juego en el país, en 2005, incluyó el derecho preferente en la renovación que hoy, dice, no está reflejado en lo que se conoce de las bases del concurso, cuya versión final la autoridad comprometió para julio.
A su juicio, la SCJ está olvidando esta preferencia, impactando derechamente los bolsillos de los inversionistas, quienes desarrollaron proyectos en un horizonte de operación a 30 años.
Además, advierte que la interpretación que hace el regulador traería problemas al Estado de Chile, considerando que en los proyectos de 2005 hay inversionistas extranjeros, y que, con el cambio de condiciones a la renovación, analizarían que se estaría vulnerando las condiciones iniciales por lo que podrían interponer una demanda ante el CIADI.
- ¿Qué condiciones para renovar los permisos se les prometió a los inversionistas en 2005?
- La postulación inicial en 2005 señalaba que los permisos de operación tenían 15 años de operación contados desde el día que abría a público. El reglamento de la SCJ fijaba las pautas y los criterios con los cuales iban a ser evaluados. Pero también ese reglamento definía la forma en cómo iban a ser evaluados cuando postularan a la renovación del permiso 15 años después. La norma decía que cuando renovarán sus permisos, de los cinco factores que tiene la ley para evaluar este punto, en cuatro de ellos los postulantes iniciales tendrían puntaje máximo. El quinto factor se subdivide también y en cuatro de sus categorías tienen el puntaje máximo.
Otro factor es el "derecho preferente", el que señala que cuando postules a la renovación, en el caso eventual que un nuevo actor tenga igual puntaje que el incumbente se privilegia al renovante del permiso que ya está funcionando. Pero eso desapareció en una reforma legal que se hizo en 2015, señalando que si un postulante a renovación y uno nuevo tienen la misma oferta económica, se preferirá a quien tenga la mejor evaluación técnica.
Pero en la práctica, como estaba diseñada la ley en 2005, a pesar de que el permiso de operación era por 15 años, y no por 30, la renovación era casi un mero trámite. Ahí tenían una ventaja, que yo creo, era prácticamente inalcanzable por un postulante nuevo.
- La ley se modificó en 2015 para incluir a los casinos municipales, ¿qué cambios se hicieron a la renovación de permisos?
- En 2015 hubo varios cambios, pero el principal es que se modificó la forma en cómo se evalúan los proyectos y la forma en que se adjudican. En 2005 se presentaba un proyecto y el que sea mejor calificado obtiene el permiso de operación (considerando además que unos parten con ventaja). En 2015 se presenta un proyecto, pero el postulante debe tener al menos, de 2.000 puntos, 1.200 puntos para pasar a una segunda etapa que, además de presentar un proyecto, tienen que entregar una oferta económica. Y se le asigna la sede al que ofrece más plata.
Entonces, si se compara ese mecanismo de asignación respecto a la norma del 2005, efectivamente hay un cambio de condiciones a los inversionistas que postularon y obtuvieron su permiso de operación en 2005, porque ahora no tienen certeza de que renovarán su proyecto, porque a pesar de que su proyecto calificará en la primera etapa, los otros nuevos postulantes también pueden que califiquen.
- ¿De qué forma les afecta a los postulantes iniciales el cambio en la legislación?
- Hay que entender primero que ellos postularon en 2005 con ciertas de reglas de juego, que efectivamente el permiso otorgado era por 15 años, pero a mi juicio, era un mero trámite la renovación. Era casi automática, y eso explica montos de inversión que hicieron los inversionistas, y que yo creo no se financian en 15 años, sino en 30 años.
Pero con la modificación, se cambian las condiciones y ya la renovación no está garantizada, porque el riesgo es que cumplir los 1.200 puntos es bastante fácil para un nuevo postulante. Por lo que es un mero trámite pasar a la etapa de la apertura de la oferta económica, y ahí gana el que ofrece más plata. Entonces puede haber un riesgo de que un postulante nuevo haga una oferta temeraria, y gane el casino.
- La industria ha señalado que existe un artículo adjunto en la ley de 2015 que legitimaría renovar sus permisos con las condiciones originales, ¿qué dice la legislación?
- Lo que pasa es que existe un artículo tercero transitorio que señala que, para los permisos de operación otorgados con anterioridad (en 2005), se regirán por las normas que se les aplicaron en su momento. Entonces, cuando se lee ese artículo, uno interpreta que la ley de 2015 reconoce que el postulante de 2005 inició sus operaciones con esas reglas y por lo tanto las mantiene.
Pero se genera un problema, porque cuando se renueven los permisos en 2023, los incumbentes van a postular a su renovación, y si yo interpreto bien la norma, dice que postulan con las normas de 2005. Pero la pregunte es: ¿Con qué reglas postula un nuevo postulante? ¿Con las de 2005 o 2015? Porque ambas reglas no son compatibles. Son distintas. Entonces el cambio legal generó además este problema práctico.
- La SCJ interpreta de manera distinta a la mayoría de la industria de casinos la ley de 2015 ¿Dónde se originan las diferencias?
- Es que la SCJ interpreta que debe aplicar la ley de 2015 y por eso puso en consulta pública para la licitación que, de acuerdo a la ley de ese año, debería iniciarse a fines de julio de este año. En esas bases asume que todo postulante, ya sea nuevo o antiguo, debe ceñirse a las reglas de 2015.
Pero acá yo tengo mi primera crítica, porque la SCJ está olvidando el inciso quinto del artículo tercero transitorio que mencioné. Ahí hay un problema, porque supone que la ley del 2005 se derogó completamente, pero la propia ley de 2015 se hizo cargo de las condiciones especiales que los inversionistas conocieron en 2005, reconoce ese hecho y por eso se los mantiene. La SCJ supuso que no, que el cuerpo legal permanente rige por las normas de 2015 para todos. Pero no puede olvidarse. La ley lo dice precisa y claramente.
- A su juicio ¿Qué método de renovación debiese cumplirse?
- Yo creo que hay dos formas de solucionarlo. Una es un cambio legal, que es más complejo considerando las condiciones actuales, y lo otro es que todos postulen con la ley de 2005. Es la única manera de armonizar ambas leyes. Igual suena raro porque tu legislaste en 2015, pero es la única manera que yo veo de armonizar ambas legislaciones. Para mí, la mejor opción es aplicar las reglas del 2005 porque no les afecta a los inversionistas originales.
Si en cambio se prefiere -como se está haciendo- las reglas son las que dice la norma de 2015- los inversionistas antiguos reclamarán porque se están modificando las reglas, y el inversionista extranjero puede decidir demandar al Estado de Chile frente al CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), porque les están modificando las reglas, y la mayoría de los postulantes en 2005 tienen inversionistas extranjeros.
- ¿Por qué cree que la SCJ no está considerando este artículo?
- No lo sé, no lo entiendo. Quizás porque reconociendo su existencia se genera el problema práctico, que para algunos debería aplicarse la ley del 2005 y a otros de 2015. Aparentemente la SCJ analizó esto, asumiendo que se dio cuenta de esta distinción, y optó que todos postularan con las reglas del 2015. Yo creo que ese camino tiene problemas y por eso mi propuesta es que todos se ciñan a la ley del 2005.
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