Un intento frustrado de conciliación mantiene en una posición difícil a una de las causas más representativas en torno a la crisis ambiental de la zona de Quintero-Puchuncaví, que ya lleva poco más de cuatro años en el Segundo Tribunal Ambiental con sede en Santiago.
Se trata de una demanda presentada por dos sindicatos de pescadores pertenecientes a las caletas Horcón y Ventanas contra 11 empresas de la zona debido a la contaminación “histórica” de la zona. Entre ellas está ENAP, Codelco, Empresas Copec, Gasmar, entre otras.
A inicios de año, se dieron importantes pasos para que las partes del juicio llegaran a un acuerdo, donde pescadores y empresas lograron avanzar en propuestas preliminares. Sin embargo, para que prosperara, era fundamental tener apoyo del gobierno, representado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE).
Aunque la autoridad no rechazó el proceso, fue el 26 de mayo cuando el CDE emitió su opinión técnica. En el documento reservado de 38 páginas -al que tuvo acceso DF- la subsecretaría del Medio Ambiente dio respuesta a cada una de las propuestas que se incluían en las bases de conciliación elaboradas por los demandantes y las medidas sugeridas por las empresas.
Respecto de la primera de ellas, que incluía 47 medidas, la autoridad fue pronunciándose por cada una, indicando en algunos casos que ya tenía planes como los propuestos, por ejemplo en temas como las estaciones de monitoreo. En otras -como la de diseñar el manejo, recolección y disposición de la biomasa acumulada por las especies vegetales- dijo que había que revisar su procedencia técnica. Y, en otro grupo, señaló que no eran de competencia de la cartera.
Sobre las 23 propuestas de las empresas, reconoció -por ejemplo- que es factible realizar programas de monitoreo participativos en el medio marino. Ante la propuesta de construir una planta de tratamiento de aguas servidas para la localidad de La Greda, señaló que el plan debería ser más expansivo, dado que la cobertura del saneamiento es un tema mejorar en una zona más amplia.
“Teniendo presente que estas son propuestas preliminares, el ministerio podría remitir un informe más acabado (...) Lo anterior, es de especial relevancia para este ministerio, aún cuando no forme parte de esta conciliación, toda vez que existe un ánimo colaborativo para que las partes logren alcanzar el mejor acuerdo posible”, dijo en el escrito.
Y agregó que, considerando las propuestas generales realizadas por los demandantes, “el ministerio podría participar de una eventual estructura de gobernanza para el monitoreo e implementación de las medidas que acuerden las partes”.
Sin embargo, un día después de este oficio, según fuentes al tanto del proceso, se puso término a la conciliación en una audiencia. El CDE, que más bien estaba discutiendo con las organizaciones la forma de establecer un sistema de gobernanza y cómo se puede administrar a futuro la bahía, declinó participar de algún acuerdo.
Para las demandantes es clave la posición de la autoridad, porque cualquier medida que se decrete necesita de su actividad reguladora. “Si el Estado no está disponible, es muy difícil llegar a un acuerdo. La demandante requiere la presencia del Estado y, si no está, ellos no aceptarán”, señala un conocedor del proceso.
No todo está perdido
Con el término de la etapa de conciliación, que no fue público, el camino que seguiría es continuar el juicio, por lo que el tribunal debería fijar una audiencia de prueba, lo que se habría dilatado -en parte- por la contingencia de pandemia, que pone restricciones sanitarias a las reuniones masivas. El caso tiene cerca de 15 partes, cada una con abogados, a lo que habría que sumar posibles testigos que pudiesen participar de una audiencia de alegatos.
De todos modos, pese al fracaso de este primer intento, diversas fuentes reconocen que esto está en desarrollo, porque sigue abierta la posibilidad de llegar a una conciliación. La espera producto del coronavirus podría estar jugando a favor de que se logre esto.
También jugaría a favor de una salida alternativa el rol que pueda jugar el subsecretario de Medio Ambiente, Javier Naranjo, dado el conocimiento del sistema que adquirió en su paso por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).
Aunque por el momento no hay un contacto entre los pescadores y empresas, algunas fuentes dicen que serían representantes del Estado los que habrían retomado diálogos informales para dar viabilidad a un acuerdo común.
Corte Suprema obliga a revisar RCA de Los Bronces
La Tercera Sala de la Corte Suprema decidió el viernes rechazar los recursos de casación en la forma y en el fondo deducidos por Anglo American y el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), obligando al organismo técnico a revisar la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto "Desarrollo Los Bronces". La iniciativa, que consiguió su autorización ambiental en el año 2007, corresponde básicamente a una modificación de los proyectos "Expansión 2 Mina Los Bronces" y "Recuperación de Cobre de Mineral de Baja Ley Los Bronces". Esto confirma la postura del Segundo Tribunal Ambiental, que el 13 de febrero del año pasado acogió una reclamación interpuesta por vecinos de Lo Barnechea en contra del SEA, ordenándole abrir un procedimiento para revisar la resolución que dio el vamos a la iniciativa.
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