La historia tiene su origen el 13 de noviembre de 2019 cuando, cuando por solicitud de un acreedor, se inició la liquidación forzosa de Maderas Jaime Venturelli (ligada a este empresario y su familia), compañía que empleaba a más de 500 trabajadores en la Región de la Araucanía.
Pero en julio de 2020, el caso mutó de un proceso concursal a uno penal, cuando Rabofinance Chile, Itaú Corpbanca y Scotiabank ingresaron una querella contra Venturelli y tres de sus hijos, Jaime, Pablo y Camilo.
Los bancos, representados por Diego Abogabir, de Abogabir Miranda Abogados, acusaron al empresario de haber extraído activos de la maderera justo antes de iniciar la liquidación, en perjuicio de los acreedores. Posteriormente, Trans Warrants y Banco Estado se sumaron a la causa y también se querellaron contra Venturelli.
El liquidador sostuvo que se traspasó maquinaria valorizada en $2.873 millones a una sociedad ligada a los hijos del empresario, la que fue encontrada “en pleno funcionamiento”.
Asimismo, el liquidador de la causa, Eduardo Godoy Hales -quien habría alertado de la situación- ingresó una querella “en contra de todos aquellos que resulten responsables” por estos hechos.
Godoy relató que, a través de extrabajadores y sus abogados, tomó conocimiento de que la maderera había celebrado una serie de compraventas para traspasar maquinaria a una sociedad denominada Sorellanza, ligada a los tres hijos de Venturelli, disminuyendo el patrimonio de la empresa original.
El liquidador destacó que los equipos “se encontraban con todas sus partes y piezas en pleno funcionamiento y producción”.
Cuatro años después, el pasado 13 de diciembre, el fiscal adjunto de la Fiscalía de Alta Complejidad de la Región de la Araucanía, Carlos Cornejo, presentó su acusación contra Venturelli; su esposa, Julia Gallegos; y sus hijos Jaime y Pablo. Para el empresario maderero solicitó ocho años y 300 días de cárcel, por los delitos de insolvencia punible (realizar actos fraudulentos que perjudican a los acreedores) y ocultamiento de bienes, entre otros.
Hechos imputados
Además de los bienes traspasados a Sorellanza, valorizados en $ 2.873 millones y que nunca se pagaron a la maderera, la Fiscalía también acusó al empresario de no haber registrado ventas por $ 9.082 millones entre los meses de julio y octubre de 2019, es decir, el periodo previo a la liquidación.
“A la época de incautación de bienes, sólo mantenía como fondos disponibles la suma de $ 9 millones, sin que a la fecha haya hecho restitución de estos montos a la masa de acreedores, ni informado el destino de esos dineros”, dijo el fiscal.
Asimismo, se acusa que los hijos de Venturelli, con una sociedad llamada “Industria Maderera Venturelli”, absorbieron la maderera representada legalmente por su padre, con “el único objeto de transferir las deudas laborales, previsionales y de seguridad social de 100 trabajadores al pasivo de la empresa (...) aumentando con ello el pasivo privilegiado de Maderas Venturelli, empresa que no contaba con la capacidad económica para cubrir dichos gastos”.
Consultada, la defensa del empresario -que es liderada por el penalista Hugo Rivera- declinó hacer comentarios. Guardará su versión para el juicio oral, que tendrá su audiencia de preparación el próximo 20 de enero.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
fiscalía
