En la etapa final del trabajo de estudio del mercado de textos escolares, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) dio a conocer hoy la recomendación normativa que busca en general disminuir los precios de estos productos y aumentar los niveles de competencia eliminado las barreras existentes al ingreso de más y mejores actores a las licitaciones en el ámbito de la educación pública.
Con este objetivo, la FNE envió el informe final al Presidente de la República, a través del Ministerio de Educación y del Ministerio de Economía, y que es el resultado del estudio preliminar dado a conocer en abril pasado y los comentarios de los interesados. El organismo estimó que la implementación de este paquete de medidas generaría un ahorro de hasta un 30% en la impresión de los textos en el sector público, mientras que para el ámbito privado prevé que los precios de los libros caerían 25% en el corto plazo y hasta 70% en el largo plazo.
En el caso del sector público, las recomendaciones apuntan a mejorar el sistema de licitaciones a través de diversas acciones, como licitar por separado el contenido de los textos de la impresión de los mismos y ampliar los plazos generales de las licitaciones, especialmente para el desarrollo del producto, en la línea de estimular la participación de más competidores en las licitaciones. En este punto, se propone "revisar la utilización de factores que no tienen definición absolutamente clara para declarar fuera de bases a participantes de la licitación", fijar un número de reimpresiones y establecer una política pública de largo plazo de adquisición de textos.
"Nuestras recomendaciones han tenido una muy buena acogida por parte del gobierno y confiamos en que puedan implementarse en el corto plazo para que haya más competencia en el mercado de los textos escolares, de tal manera que bajen los precios de los libros y mejore su calidad", señaló el Fiscal Nacional Económico, Ricardo Riesco.
Para el mercado privado, la FNE propone mejorar los canales de información entre los colegios y los apoderados creando un sistema de información de la oferta de textos centralizada que facilite la búsqueda de alternativas a los colegios y que genere una vitrina especialmente a las editoriales que no ganan la licitación pública, pero cuyos textos fueron aprobados técnicamente por el Ministerio de Educación. También busca incentivar la existencia de un mercado robusto de textos usados para que éstos compitan con los textos publicados por las editoriales cada año.
En cuanto a la responsabilidad de los colegios, recomienda que se establezca en ellos la obligación de informar y justificar a los apoderados las decisiones tomadas en la elección de los textos escolares mediante una comunicación estándar.
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