Esta tarde la Fiscalía Nacional Económica (FNE) publicó su informe final sobre el Estudio de Mercado sobre Compras Públicas, reiterando la necesidad de realizar una reforma estructural a este mercado, la que podría traducirse en ahorros para el Estado por entre US$ 290 millones y US$ 855 millones al año.
Las recomendaciones, que fueron enviadas hoy miércoles al Ministerio de Hacienda, apuntan a perfeccionar la estructura del sistema y a optimizar la competencia y eficiencia en las compras públicas, mediante un paquete de medidas que tienen por objeto que los organismos demandantes de este sistema realicen sus procesos de compra de una forma más eficiente, óptima y transparente.
En cuanto a las medidas estructurales, la FNE considera que es necesario mejorar el diseño institucional, dotando a ChileCompra de facultades normativas, robusteciendo el sistema de fiscalización, ampliando la competencia del Tribunal de Contratación Pública reforzando su estructura orgánica y presupuesto, y avanzando hacia una digitalización total del sistema de compras públicas.
Respecto a aquellas medidas que buscan optimizar la competencia, algunas se refieren específicamente a las licitaciones públicas, convenios marco y tratos directo, y otras, a la necesidad de que los organismos públicos planifiquen las compras y gestionen eficientemente los contratos celebrados.
La FNE también está proponiendo la creación de un registro de beneficiarios finales de las personas jurídicas, con el objeto de poder identificar que más de una oferta pertenece al mismo grupo empresarial, puesto que se confirmó que, al menos, resulta posible alterar el resultado de una licitación mediante la presentación de ofertas múltiples por una misma entidad o grupo de entidades relacionadas.
La versión final del estudio se publica luego de haber sometido el Informe Preliminar a un proceso de consulta pública que culminó el 25 de septiembre. En este período, la FNE recibió catorce comentarios contenidos en más de 200 páginas, provenientes de agentes particulares, organismos públicos, centros de estudios y público en general. Éstos fueron procesados por la FNE y sirvieron de base para aclarar algunos puntos del informe y para realizar modificaciones al mismo.
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