Horas decisivas para definir si llega o no al Tribunal Constitucional está viviendo la recién aprobada ley que prohíbe la interrupción de servicios básicos por no pago durante la pandemia y beneficia al 60% de la población más vulnerable del país.
Luego de que la iniciativa fuese despachada el jueves desde el Senado, quedando en condiciones de convertirse en ley, el gobierno reiteró que el texto podría contener infracciones a las normas constitucionales. Y fue más allá: reconoció que estaba analizando en detalle el contenido de las disposiciones aprobadas para resolver cursos de acción, dejando abierta la puerta de acudir al Tribunal Constitucional (TC).
Esta idea comenzó a tomar fuerza a tal punto que, según trascendió, a primera hora de este lunes cada ministro sectorial sostuvo reuniones con las empresas de servicios básicos para proponerles un nuevo acuerdo marcado por la voluntariedad. La ley incluye beneficios en temas de electricidad y gas por redes, servicios sanitarios y, a través de un mecanismo diferente, de telecomunicaciones.
Esto va en línea, además, con el fin del estado de catástrofe que se extendió por 90 días desde el 18 de marzo, el que sería prorrogado por la misma cantidad de tiempo, el que en la práctica tejía el acuerdo alcanzado por empresas y autoridades hace más de tres meses para ir en ayuda del 40% de la población más vulnerable.
El fin de semana algunos senadores habrían contactado al ministro Secretario General de la Presidencia, Claudio Alvarado, para que dejara el texto tal cual fue aprobado en el Congreso, como una forma de resguardar cualquier intento de que sea torpedeado en el TC.
En la Segpres se mantiene el hermetismo. Para la cartera, incluso protegiendo la responsabilidad patrimonial del Estado de eventuales demandas en sedes internacionales, no era acorde a la Constitución la forma en que el Congreso estaba planteando el debate. Por esto, las últimas horas serán claves, ya que este martes terminan los cinco días que la autoridad tenía para llevar el texto al TC. Fuentes conocedores de las tratativas aseguran que -hasta el momento- no hay definiciones y se continúa el análisis, aunque en cualquier momento anunciaría su próximo paso.
Sólo después de conocer la decisión del gobierno en esta materia, las empresas tomarían posición, a pesar que muchas de ellas ya están con sus asesores estudiando los cursos de acción. Así, si la Sepgres da un paso adelante, sería más fácil para las firmas seguirla. Este es el caso de, principalmente las sanitarias, ya que finalmente en medio de tres votaciones los parlamentarios no acogieron la petición de fijar un límite al consumo de agua de 15 metros cúbicos (m3) por hogar, nivel sobre el cual no funcionaría la exención del pago.
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