A sólo dos días de vencer el plazo, este jueves el gobierno ingresó al Congreso el veto al proyecto de servicios básicos, iniciativa que fue aprobada por la Corporación hace casi un mes y que prohíbe el corte por no pago de luz, agua, telefonía, internet y gas en el marco de la pandemia provocada por el Covid-19.
Esto, tras los cuestionamientos que surgieron desde el propio oficialismo cuando los ministros políticos del gabinete ratificaron que presentarían esta acción a la Cámara de Diputados, dejando en suspenso sus votos a la espera del contenido del veto.
En un texto de 18 páginas, el Ejecutivo lanza sus dardos principalmente en materia de telecomunicaciones, a partir del consenso alcanzado en la industria de entregar un plan de conectividad gratuita, orientado al 60% más vulnerable del Registro Social de Hogares.
Según asegura, en los hechos, esta industria está otorgando los beneficios establecidos en el proyecto de ley que permiten acceder de forma inmediata a ellos y evitar las complejidades constitucionalidades que despierta el texto emanado desde el Congreso.
Por esto, propone suprimir el artículo 3 del proyecto de ley, así como las menciones a los servicios de telecomunicaciones en otros apartados, "armonizando" el texto para que esté orientado a la regulación de servicios básicos domiciliarios. De esta forma, según se plantea, se evita las dificultades y vicios, ya que son "incompatibles con las soluciones alcanzadas por el legislador para los otros mercados".
Si bien en cuanto a los servicios de electricidad, de gas de red y sanitarios se mantienen algunos aspectos, también se plantean cambios. Sobre la primera, el gobierno recalca que la carga pública que impone el proyecto se torna "desigual" cuando se prohíbe a las empresas recuperar los costos que haya causado la implementación de la iniciativa por medio del traspaso a precio o en procesos tarifarios. Por esto, se sugiere sacar dicho artículo, permitiendo subsanar -según se plantea- la inconstitucionalidad y eliminar la necesidad de que exista una compensación de cargo fiscal.
En esa línea, el Ejecutivo asegura sin titubeos: "Sin embargo, dado que las propias empresas han señalado, de manera pública y formal, que no traspasarán los costos que emanen de estas nuevas obligaciones que la ley establece en los próximos procesos de fijación tarifaria, se mantiene la premisa buscada tanto por el gobierno como por los legisladores: que no sean los usuarios de los servicios básicos quienes deban compensar los beneficios buscados, ya que los costos no serán incorporados por las empresas ni menos por los respectivos reguladores en los futuros procesos tarifarios".
Mientras, en materia sanitaria, cuestiona que el proyecto de ley no considere la sequía y el cambio climático, lo que queda de manifiesto "al carecer de un límite de consumo de agua potable para efectos de postergar los pagos de servicios básicos sanitarios". Por ello, agregan, se propone incorporar un límite a la postergación del pago de consumos de hasta 15 metros cúbicos, con ciertas excepciones, tal como fue discutido durante la tramitación de la iniciativa.
El Ejecutivo señala que las observaciones planteadas en su escrito no significarán que los costos de las medidas sean luego traspasados a los usuarios, ya que así lo han señalado las respectivas empresas tanto al momento de lograr los acuerdos con el gobierno como posteriormente.
Jobet: "El gobierno estima que se podría exponer al Estado a eventuales demandas"
En paralelo, los ministros de las carteras de Energía, Obras Públicas y Transportes, aclararon esta mañana en una actividad pública que los beneficios del acuerdo alcanzado con las industrias el 27 de marzo se extienden junto con el estado de catástrofe. Y, además, comentaron el ingreso del veto al Congreso.
Señalando que el Congreso tramitó un proyecto que persigue el mismo propósito y entrega beneficios similares pero por ley, el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, sostuvo que después de analizar el articulado en profundidad, "el gobierno ha estimado que la versión aprobada tiene problemas que podrían afectar su implementación y, por tanto, el acceso de las personas a los beneficios. Además, podrían exponer al Estado a eventuales demandas y pago de indemnizaciones".
Sin embargo, agregó, que "el gobierno busca promulgar el proyecto para dar una señal adicional de tranquilidad a las familias y una muestra de que el Parlamento y el Ejecutivo pueden lograr acuerdos en beneficio de las personas". Por ello, sostuvo que el gobierno ha propuesto esta mañana al Congreso "ciertos ajustes al texto aprobado que permiten compatibilizar el apoyo a las personas con el cuidado del Estado de Derecho".
"Queremos ser claros: estas observaciones buscan perfeccionar el contenido de esta ley, buscan facilitar su promulgación y posterior ejecución en beneficio de las personas. Buscar reafirmar que non habrá cortes y quienes soliciten pueden postergar sus cuentas", afirmó.
Sobre el acuerdo de servicios básicos, Jobet puntualizó que "su plazo inicial de 90 días se ha ido extendiendo en la medida que se prolonga la crisis y fue recientemente ampliado hasta mediados de septiembre".
Según detalló, se han postergado pagos de cuentas sin intereses en electricidad a 107 mil familias vulnerables y de clase media, en boletas de agua a 30 mil familias, y a 1.200 familias en materia de gas de red. Además, a 10 mil familias se les ha entregado planes solidarios gratuitos de Internet fija y de televisión de pago, a 40 mil personas planes solidarios gratuitos de Internet y telefonía móvil con contrato, y a casi 10 millones de usuarios en telefonía móvil sin contrato. "En suma, se han otorgado más de 11 millones de beneficios en los distintos sectores", destacó.
"Así, el propósito de evitar los cortes y asegurar el suministro se ha cumplido. Las familias han mantenido el acceso a los servicios esenciales durante la pandemia y han podido reporgramar sus costos sin intereses cuando han tenido dificultades", añadió.
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