Esta mañana, una serie de gremios presentaron al Ministerio de Obras Públicas (MOP) un plan de reactivación por US$ 7.000 millones, para la creación de 253 mil empleos en el corto plazo.
La iniciativa fue elaborada por el Consejo de Políticas de Infraestructura(CPI) en conjunto con la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (Copsa), Asociación de Desarrolladores Inmoibliarios (ADI), Corporación de la Madera (Corma), Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Asociación de Aseguradores de Chile (AACH), Asociación de Empresas de Servicios Sanitarios (Andess) y Asociación de Ingenieros Consultores (AIC), y otros expertos como exministros y académicos.
"Dado nuestro convencimiento de que el desarrollo de infraestructura y la construcción de viviendas puede contribuir de manera significativa a enfrentar rápida y eficientemente estas problemáticas, nos ha parecido oportuno poner a disposición de las autoridades una propuesta de inversión en este ámbito, con énfasis en la generación de empleo, el bienestar de la comunidad, la cohesión social, la productividad del país y su sustentabilidad en el largo plazo", se señala en el documento entregado a la autoridad.
La propuesta incluye medidas de ejecución inmediata, que consideran inversión tanto pública como privada, así como otras a realizarse de aquí a 2022.
Para este año, se propone la materialización de seis medidas donde la primera es un programa de acceso a viviendas sociales. En específico, se busca construir 43.000 nuevos hogares a través de distintos programas, y donde se plantea poner a disposición terrenos del Estado (en manos de Bienes Nacionales, ministerios, empresas del Estado y municipios) para poder construir en lugares más centrales y que cuenten con mayor equipamiento, "y así contribuir a ciudades más integradas".
Lo segundo, es un programa de nivelación de estándares urbanos. En la propuesta se señala que actualmente hay un gran número de proyectos en los municipios que no se ejecutan por falta de financiamiento, entonces la idea es que exista alta coordinación entre ministerios, gobiernos regionales y municipalidades a fin de que realice efectivamente esa inversión.
Tercero, un programa donde se concreten proyectos viales que actualmente no se han ejecutado por distintas razones. Según señalan, hay 100 iniciativas de movilidad que están a la espera de su materialización.
El reforzamiento de la infraestructura hídrica es otro punto que proponen. Actualmente existen 75 proyectos disponibles a ser ejecutados para riego y acceso del agua en el país. En quinto lugar, se indica la aceleración de obras en curso de empresas estatales, como lo son Metro, Codelco y EFE.
Y por último, está la aceleración de inversiones de proyectos de concesiones ya adjudicados, donde se plantea como necesario también autorizar ampliaciones y pago contra extensión del contrato cuando corresponda.
Para su implementación se señala que debe estar acompañada del cumplimiento de una serie de condiciones de base. Estas son dar certeza jurídica de los permisos que se obtienen, así como agilizar su obtención; favorecer el acceso a subsidios para estimular la demanda por viviendas; velar porque no existan conflictos en los contratos de construcción; y fomentar el desarrollo de nuevos proyectos "en base al principio de la certeza jurídica que ha primado históricamente en las relaciones contractuales en el país", detallaron los gremios en un comunicado.
Medidas a mediano plazo
Dentro del plan, se establecieron otros lineamientos para ser ejecutados de aquí a 2022, pero que no cuentan con una definición respecto al monto a invertir ni la cantidad de empleos a generar.
Se establecen siete temas a tratar: el acceso a vivienda de calidad, infraestructura urbana, para transporte y desarrollo logístico, para recursos hídricos y digital, y recomendaciones en el ámbito institucional y de financiamiento.
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