Aunque era una de las ideas que rondaba tras la publicación de la ley 21.249 que prohibió el corte de servicios básicos -luz, agua, telefonía, internet y gas- en medio de la pandemia, este lunes se encendieron las alertas en las industrias luego de que los senadores Carlos Bianchi y Yasna Provoste presentaron un proyecto que busca prorrogar los efectos de la legislación, adelantándose así al próximo 8 de noviembre, fecha en que vence su aplicación.
La iniciativa propone ampliar la aplicación de la ley hasta abril de 2021; extender los meses de prorrateo de las deudas que se generen, 12 a 36 meses; hacer automática la reprogramación por el solo hecho de no cancelar en la fecha correspondiente la cuota del mes del servicio de que se trate (salvo negativa expresa del cliente) y mecanismos adecuados de información de parte de la empresa a sus usuarios.
Para las industrias de servicios básicos, este nuevo debate que se avecina tendría sus complejidades. En la vereda de las eléctricas, la normativa actual permite que los usuarios puedan reprogramar su deuda hasta en 12 cuotas, en caso de facturaciones mensuales, o seis cuotas, en caso de bimestrales.
En esa línea, el 16 de octubre, el grupo Saesa -como medida adicional de apoyo a sus clientes residenciales que tengan dificultades de pago- informó la ampliación de este beneficio en hasta 24 cuotas en el caso de facturaciones mensuales o en 12 cuotas en el caso de cobros bimestrales, sin intereses, reajustes o pie inicial.
Si bien sería la única firma en adelantarse al fin de la aplicación de la ley, no se descarta que en los próximos días sus pares anuncien sus propias medidas.
Hasta el momento, los gremios y empresas han optado por el completo hermetismo, ya que -según fuentes de la industria- se está estudiando y evaluando los alcances del proyecto para dimensionar con números concretos la factibilidad de la iniciativa.
Sin embargo, otras fuentes comentan que las empresas eléctricas estarían inquietas, porque no podrían sostener más deuda de los clientes, siendo uno de los puntos más sensibles ampliar la aplicación de la ley hasta abril del próximo año. Esto, ya que nadie podría prever cómo estará la situación en esa fecha. Asimismo, ampliar los meses de prorrateo de 12 a 36 meses excedería las posibilidades reales de las firmas, lo que incluso habría tomado por sorpresa a algunos. Más aún la opción de reprogramación automática.
La Asociación de Empresas Eléctricas -que representa a Enel, CGE, Saesa y Chilquinta en el segmento de distribución- declinó referirse al respecto. Eso sí, trascendió que están gestionando una reunión de directorio cuyo tópico central será la reactivación de la ley, la que se materializará la próxima semana.
Mientras, el presidente ejecutivo de Atelmo, Alfie Ulloa, recalcó que las empresas de telecomunicaciones “han otorgando desde el 1 de abril el acceso a un Plan Solidario de Conectividad, sin costo para los usuarios que tengan dificultades para seguir pagando su contrato de internet o telefonía móvil o fija”. “Como asociación decidimos extender este beneficio hasta el 31 de diciembre (con plazo para solicitarlo hasta el 31 de noviembre)”, agregaron.
El hermetismo también estuvo en el gobierno, donde sólo reforzaron su llamado a las personas para que se acojan al convenio. De hecho, la lectura de algunos es que las autoridades estarían esperando la posición de las industrias para definir un curso de acción.
Mientras, el proyecto de ley de los senadores correría por un carril único en el Congreso, ya que sería poco probable que nazcan nuevas mociones parlamentarias con el mismo objetivo.
“Hay una experiencia, un aprendizaje y lo que podemos hacer aquí es mejorar el proyecto que despache el Senado”, sostiene el diputado Gabriel Silber.
El también integrante de la comisión de Minería y Energía de la Cámara agrega que “el solo prorrateo de la deuda no es la solución, porque al final del día se suman y, al igual como se hizo en la ley de protección al empleo donde se tuvo que extender los alcances de la ley, es necesario abocarnos a legislar esta materia”.
Una de las dudas que ronda es si el proyecto que busca prorrogar los efectos de la actual ley de servicios básicos podrá despacharse en los tiempos necesarios para que los clientes no sufran el corte por no pago.
En esto hay visiones encontradas. Esto, porque aunque los plazos son ajustados, la iniciativa sería de rápida tramitación, considerando que gran parte del debate ya se dio al inicio de la pandemia. Otros, en tanto, creen que el proyecto podría chocar con el fin del estado de catástrofe, lo que pondría en entredicho el diagnóstico sobre el que se sustenta la iniciativa.
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