Para el próximo lunes está programada la sesión del Congreso en que la Comisión Mixta votará el proyecto que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), que lleva alrededor de una década tramitándose en el Congreso.
Más allá de la creación de este organismo, hay una indicación de la iniciativa que ha concentrado los roces de la discusión, que es aquella que modifica la Ley de Pesca eliminando, a futuro, la salmonicultura en reservas nacionales y forestales. Los gremios acuícolas han declarado que actualmente el 60% de las concesiones operativas se encuentran en áreas protegidas, por lo que esto significaría un duro golpe a la industria.
El próximo lunes la Comisión Mixta del Congreso votará una indicación que podría cerrar la posibilidad de entregar concesiones acuícolas en reservas nacionales.
A partir de esto -y sobre todo en el sur del país, donde se concentra la industria salmonera-, se han agitado las aguas generando presiones, tanto a favor como en contra de la iniciativa.
La crítica ambiental a la industria
Esta semana, en entrevista con Diario Financiero, la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, declaró que “la idea es que de aquí en adelante exista una prohibición” de las concesiones en estas áreas. Días antes, la Cámara de Diputados aprobó solicitar esta misma medida al Gobierno, en un documento que calificaba la salmonicultura como “una actividad incompatible con la protección del medio ambiente”.
Este lunes, un grupo de 124 de organizaciones civiles, entre las que se incluyen Fundación Terram, Greenpeace, Oceana y Rewilding Chile (ligada a la Fundación Tompkins), solicitaron al Presidente Boric que la Ley SBAP “establezca claramente” que no se entregarán nuevas concesiones en áreas protegidas ni se aprobarán aquellas que estén en trámite.
Además, pide que todas las concesiones al interior de áreas protegidas que incumplan la legislación vigente y estén en causal de caducidad, deberán salir de las áreas protegidas sin posibilidad de relocalización.
“Esperamos que esta nueva ley respete el principio de no regresión en materia ambiental”, dice la misiva.
La carta también está suscrita por la propia Kristine Tompkins; las oceanógrafas internacionales Susannah Buchan y Sylvia Earle, y los académicos chilenos Nicolo Gligo y Ricardo Rozzi.
Las preocupaciones por el empleo
Desde la otra vereda, los argumentos en contra de esta indicación del proyecto giran en torno al riesgo laboral que implica. Salmonicultores han esgrimido que la actividad entrega más de 70 mil empleos directos y que, tal como está, la iniciativa golpearía con fuerza al sector.
Fuentes de la industria señalan que la Ley SBAP tiene como supuesto una relocalización de las concesiones, pero que, en la práctica, estas no se han podido concretar en más de 10 años y que en algunas regiones ni siquiera se están entregando permisos acuícolas.
Decenas de organizaciones sindicales, de proveedores y multigremiales de la zona sur del país se han manifestado en contra de la iniciativa. Por ejemplo, una carta enviada por agrupaciones de trabajadores de Aysén a autoridades regionales acusó que “esta medida pondría fin a una actividad económica que ha contribuido al desarrollo de nuestro territorio austral durante más de 30 años (…) Creemos que la legislación está siendo liderada por actores que no comprenden la realidad del sur”.
Amarillos por Chile, a través de su dirección regional de Los Lagos, también emitió una declaración al respecto: “Estamos convencidos que el rol del Estado es conjugar armónicamente la protección de la biodiversidad y del patrimonio natural con el desarrollo de una industria que brinda alrededor de 70 mil empleos y que, sumada a la fuerza de trabajo de sus 4.000 proveedores, llega a impactar a una población no inferior a 600 mil personas en las regiones del sur austral de Chile”.
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