Mientras se inauguraba el proyecto Chuquicamata Subterránea, el conflicto entre Codelco y Contraloría volvió a reflotar luego de que la cuprífera contestara duramente al ministro de Minería, Baldo Prokurica, quien señaló que la empresa había demandado a la entidad para evitar ser fiscalizados.
Y a esta polémica que revivió el juicio ante el 25° Juzgado Civil de Santiago -el cual data desde agosto de 2017 por discrepancias sobre las atribuciones fiscalizadoras del organismo que encabeza Jorge Bermúdez respecto de la estatal-, ahora se suma sumaron nuevos argumentos en relación a sus eventuales efectos.
En la actual etapa de prueba de este proceso, la semana pasada se ingresaron dos documentos encargados por Codelco que ponen sobre la mesa datos duros, cuyo objetivo es demostrar las consecuencias que tendría la aplicación de los criterios de la Contraloría en materia de costos, demora en procesos productivos e incerteza jurídica.
El primero corresponde a un informe pericial de KPMG que señala que la metodología utilizada para evaluar el impacto directo una vez emitido el informe 900 –que revisó los contratos de bienes y de prestación de servicios suscritos por Codelco entre 2013 y 2015- fue correcto, asegurando que el efecto financiero era del orden de US$ 68 millones, lo que era aproximadamente un 5% menos que el valor determinado por la empresa, siendo una diferencia aceptable en este tipo de análisis.
Mientras, el segundo informe -elaborado por GBA Gabriel Bitrán & Asociados-analiza la pérdida de competitividad y eficiencia que tendría una futura aplicación de los criterios de la Contraloría y sus principales restricciones respecto a la modalidad de contratación. Al respecto, concluye que la aplicación estricta de la propuesta pública como regla general de contratación impediría acceder a buenos acuerdos con proveedores de largo plazo a través de contratación directa, equivalentes a las que cualquier otra compañía minera que compite con la estatal en el mercado internacional.
Juan Benavides, presidente del directorio de Codelco; Jorge Bermúdez, Contralor General de la República.
El análisis advierte que los plazos de licitación pública planteados por Contraloría “son superiores a los procesos más flexibles de la normativa de Codelco lo cual podría implicar demora de procesos productivos”.
Considerando que es posible obtener descuentos que en promedio llegan al 24% en contratos “OEM” por la vía de negociar pre y post adjudicación, el informe señala que si éstos se pierden, Codelco elevaría sus costos anuales en US$ 300 millones por año, lo que equivale a un 17% del aporte de la empresa al Estado en 2018 (US$ 1.798 millones).
Otro aspecto analizado fue la contratación con partes relacionadas, ya que entre las restricciones dejarían nulos estos contratos, salvo que se acredite una excepción. En este punto, plantea que el 76% de las compras a relacionadas el año pasado se hizo a un único proveedor, Komatsu, cuya nulidad tendría un costo prohibitivo: “en su tenor literal, implicaría detener por seis meses la producción de cuatro divisiones (Gabriela Mistral, Andina, Radomiro Tomic y Chuquicamata), con un impacto en EBITDA aproximado en US$ 1.267 millones”.
El análisis destaca que lo anterior implicaría una pérdida de producción de 483.178 tmf, equivalente a un 27% de la producción de Codelco en 2018. Aplicado a las ventas totales de 2018, calcula ese efecto en niveles de US$ 3.849 millones.“Ante este daño desproporcionado, se impone que el trato con relacionadas debería permitirse en la medida que estén en el interés social y sea en condiciones de mercado”, afirma.
También alerta sobre la incerteza jurídica que generaría la posibilidad de que un tercero, distinto de Codelco, solicite la nulidad de un contrato con relacionadas, ya que podría llevar a que proveedores relevantes no participen en futuras transacciones.“Esto supone una pérdida de competitividad para Codelco respecto a las prácticas de otras compañías que compiten en el mercado internacional”, dice.
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