Hace 26 años que Administradora de Restaurantes Limitada (ADR) opera locales de Doggis como su franquiciada, pero este miércoles, la celebración del día del completo tuvo un sabor amargo para ellos.
La compañía administra 11 locales de marcas de G&N Brands –matriz de Doggis, Juan Maestro, Mamut y Tommy Beans- y se encuentra en una cruda disputa con su franquiciante. En enero, la firma denunció ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) al mayor holding chileno de comida rápida por abuso de posición dominante.
Entre octubre y noviembre, otras tres sociedades habían demandado a G&N Brands, pero finalmente han desistido de sus acciones contra esa firma.
ADR presentó una medida prejudicial para que G&N exhiba una serie de documentos y, con esa información, demandará a la compañía. El tribunal falló a favor de esta medida, pero los abogados de los franquiciados reclamaron que la matriz de Doggis no presentó todos los papeles solicitados. Ahora, G&N tiene cinco días para aclarar sus solicitudes de confidencialidad.
El conflicto verá enfrentarse a destacados abogados del rubro de la libre competencia. Mientras ADR será representada por José Miguel Gana –de Gana y Gálvez-, la defensa de G&N estará a cargo del estudio Ferrada Nehme. Asimismo, estos últimos también trabajan con la asesoría legal permanente de Sergio Espinoza, de Puga Ortiz Abogados.
“Adquisición hostil”
Entre las acusaciones de ADR se incluyen el cobro de un “royalty” a las ventas de los locales, descuentos en gastos por publicidad, fijación de precios con proveedores y estrechamiento de márgenes. Sin embargo, la mayor denuncia contra G&N es la de incurrir en la práctica de “adquisición hostil”. Los franquiciados subarriendan los locales, por lo que, ante una situación de insolvencia, es la matriz la que pasa a ocuparse de ellos.
“La estrategia actual de G&N Brands es acaparar la mayor cantidad de locales bajo explotación propia, lo que le ha permitido pasar de cerca de 30 el año 2021 a más de 160 en la actualidad, siempre en detrimento de los franquiciados”, dice la demanda.
Consultado por este medio, Gana señala que la firma multimarca tiene una estrategia “tendiente a aniquilar al franquiciado que quiere oponerse a sus políticas”.
Así, junto a ADR, denuncian prácticas cuestionables de parte de la empresa para presionarla: por ejemplo, aseguran que este viernes les cortarán la luz en uno de sus locales, a pesar de que sí pagaron las cuentas. La explicación, dicen, es que G&N no habría traspasado el pago a la inmobiliaria propietaria del inmueble.
Gana argumenta que esta presión es una maniobra para no permitir que la disputa se libre tranquilamente en tribunales. G&N Brands declinó participar de este artículo.
Desde 2016, el holding de alimentos es controlado por el fondo estadounidense The Carlyle Group, que compró una participación mayoritaria de la propiedad a los empresarios chilenos Ricardo Duch y Óscar Fuenzalida.
Una disputa crónica
La demanda de ADR no es la primera de este estilo que recibe la matriz de Doggis. De hecho, entre octubre y noviembre, otras tres sociedades habían demandado a la empresa por motivos similares. Se trata de Manipuladora de Alimentos Vegon, Administración de Negocios y Sociedad de Alimentos Colchagua. Estas dos últimas iniciaron un proceso juntas en el TDLC y luego las tres fueron representadas por José Ignacio Cárdenas.
En sus escritos, el abogado apuntaba a G&N por “abusar de su posición dominante, por la vía de ejecutar actos de discriminación arbitraria de precios, explotación abusiva de una posición de dependencia y precios excesivos”.
No obstante, todas estas demandas fueron retiradas. ADR y Gana señalan que, con las presiones que realiza la compañía, ninguno de los franquiciados puede perseverar con sus arremetidas legales y se ven obligados a aceptar otro tipo de acuerdos. “No pueden pelear contra ese gigante”, dice el abogado.
Pero esta pelea no es algo de los últimos meses. En 2016, unos 20 franquiciados, en el mismo TDLC, habían denunciado a la matriz de Doggis y sus proveedores –Embonor, Andina, Ariztía y Alifrut- por causas similares: discriminación arbitraria de precios, explotación abusiva y cobro de precios excesivos.
Ocho meses después y, en medio de la venta de la cadena, los demandantes comenzaron a desistir de su causa. Finalmente, el TDLC argumentó que no podría emitir un veredicto completo, por la retirada de los acusadores.
No obstante, la Corte Suprema terminó anulando esa sentencia, argumentando que los hechos eran de interés público y trascendían del conflicto entre empresas.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
tribunales
