La electromovilidad avanza, pero a paso lento. De los 417 mil vehículos livianos que se comercializaron en 2018, solo 197 son eléctricos y 866 híbridos. En lo que va del año, según el último reporte de Anac, van 488 unidades híbridas y 154 de eléctricas.
Sin embargo, esto podría cambiar si existiera una ley que fomentara la incorporación de este tipo de equipos, situación que motivó a la Asociación Gremial de Vehículos Eléctricos de Chile (AVEC) a proponer a una serie de ministerios cambios legales, para fortalecer la oferta de equipos e incentivar la demanda.
El gremio está compuesto por 170 socios. En su directorio, algunos integrantes participan en el negocio del desarrollo de proyectos de generación eléctrica y otros en empresas que se dedican a convertir autos antiguos en eléctricos, además de abogados y profesionales de grandes multinacionales que están relacionados con el rubro, aunque no representándolas.
En este contexto, hicieron llegar a los ministerios de Energía, Medio Ambiente, Transportes y Salud una propuesta de 13 páginas para hacer más atractiva la incorporación de estos vehículos, que se han visto con mayor fuerza en el transporte público, por el exTransantiago.
En el documento se detalla una serie de puntos para esta posible legislación, la que ya existe en países como Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica y Ecuador.
Por eso, AVEC propone primero crear una ley marco de electromovilidad, donde se pongan los énfasis y aspiraciones del país respecto a esta tecnología, así como plazos para lograr resultados concretos.
Dado el alto costo inicial de estos vehículos, un eje central de la propuesta es incentivar la oferta, lo que se logra en parte con una demanda más fuerte, que se daría con incentivos.
Por ejemplo, el gremio propone exigir a comercializadores un promedio de eficiencia o rendimiento energético promedio, bonificando este componente en caso de los eléctricos. Incluso se plantea que se puedan fijar cuotas de venta de estos vehículos.
Otro punto es la posibilidad de importar vehículos usados 100% eléctricos, lo que ampliaría el acceso, ya que los valores serían menores que uno nuevo, pero garantizando ciertas condiciones mínimas.
Entre los incentivos a la demanda, se propone crear un "Bonus Malus", esquema que busca bajar los precios de los vehículos eléctricos, a través de un sistema de desincentivo para equipos que sean contaminantes. En la práctica esto es un impuesto que va subiendo en el tiempo, donde lo que recauda va a beneficio para la electromovilidad. El impuesto vuelve a bajar cuando los precios entre ambas tecnologías se igualan.
Otros usos de los fondos están relacionados con financiar actividades de emprendimiento y valor agregado en electromovilidad y la administración propia del fondo.
Entre el paquete de medidas, también se incluyen otras cosas, como permitir que estos vehículos tengan vías exclusivas, un sistema de educación e información, una red de infraestructura para la carga y crear incentivos para la incorporación de grandes flotas, por ejemplo, en entes gubernamentales o de empresas, a través del tratamiento impositivo.
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