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REGÍSTRATE AQUÍPor: P. Vargas
Publicado: Jueves 23 de mayo de 2019 a las 18:16 hrs.
El fallo de 121 páginas emitido hoy por la Corte Suprema que selló el destino de la alianza entre Latam y American Airlines y las aerolíneas de IAG en Chile se sustentó en la existencia de un mercado altamente concentrado y en la insuficiencia de las medidas decretadas por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) que en noviembre pasado aprobó la fusión con nueve condiciones.
Dentro de los argumentos expuestos, el máximo tribunal se refirió al análisis económico del acuerdo, encontrando cifras que denominó "reveladoras" respecto del escenario de concentración de mercado post operación. "Toda vez que el índice de concentración HHI, en todos los escenarios, es superior a los 2500 puntos que, según se señala en la Guía para Operaciones de Concentración de la FNE, determina la existencia de un mercado altamente concentrado...Además, específicamente, se produce la monopolización en las rutas directas Santiago/Miami y Santiago/Madrid, que constituyen las principales vías de entradas al continente respectivo".
Adicionalmente, la Suprema subrayó que las medidas decretadas por el TDLC para contrarrestar los riesgos de la operación y que buscaban estimular la entrada de nuevos competidores o la expansión de los existentes "son insuficientes".
"Más allá de los defectos de diseño acusado en las reclamaciones, lo cierto es que aquellas no son suficientes para contrarrestar los riesgos, por una razón estructural que determina que, en las condiciones actuales del mercado de transporte aéreo de pasajeros, el acuerdo deba ser rechazado", explica el fallo.
Asimismo, la corte agregó que no se acreditó que las eficiencias, "contrapesen de manera efectiva" los riesgos que la operación implica.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
Los trabajos, financiados por la Subdere, debieron finalizar en febrero; sin embargo y tras cuatro prórroga, no cumplieron con los plazos. Hoy la constructora Tromen enfrenta multas por este proyecto que superan los $ 41 millones.