Latam Airlines anunció ayer dos medidas que le permitirán controlar sus costos ante el avance de la pandemia: un nuevo acuerdo de código compartido con su competidor Azul para conectar rutas domésticas en Brasil, y la presentación de un recurso en Argentina para la reconsideración del pago parcial de los sueldos de sus empleados, ante la presión de los sindicatos y el gobierno local.
En el primer caso, la alianza inicialmente incluirá 50 rutas nacionales, que no se superponen, hacia y desde las ciudades de Brasilia (BSB), Belo Horizonte, Recife, Porto-Alegre, Campinas, Curitiba y Sao Paulo, brindando a los clientes en Brasil mayores opciones de viaje y conexiones más convenientes.
Ambas aerolíneas firmaron también un acuerdo de viajero frecuente, permitiendo a 12 millones de miembros de TudoAzul y a 37 millones de socios de Latam Pass acumular puntos en el programa de su elección.
“Con la amplia selección de Azul de destinos en Brasil y los centros de conexión de Latam, nuestras redes y tipos de flota complementarios ofrecerán a los pasajeros la más amplia gama de opciones de viaje”, dijo John Rodgerson, CEO de Azul.
En tanto, Jerome Cadier, CEO de Latam Airlines Brasil, señaló que “este acuerdo de código compartido es una señal del compromiso a largo plazo de Latam con el mercado brasileño y proporcionará a los clientes acceso a dos de las redes de destinos más relevantes del país”.
Respecto de la importancia de la operación, indicó que ambas compañías entienden que la crisis de Covid-19 requiere respuestas innovadoras para impulsar las economías de la región. “El anuncio es parte de nuestra contribución. Con los valores de servicio al cliente que compartimos y las redes de rutas complementarias de Azul y Latam, ofreceremos una experiencia líder a los clientes en Brasil”, dijo el ejecutivo de Latam
Previo a la crisis sanitaria, Azul y Latam Airlines Brasil volaban un total de 137 destinos en Brasil, con 298 rutas y 1.632 despegues diarios. En 2019, ambas aerolíneas recibieron reconocimientos en ese país por su experiencia de viaje y puntualidad.
El conflicto en Buenos Aires
Pese a no lograr un acuerdo con los sindicatos en Argentina, Latam Airlines ganó tiempo para poder continuar pagando las remuneraciones con 50% rebajas, que se enmarca en un plan global producto de la parálisis del transporte aéreo y la disminución de ventas.
El 26 de mayo pasado, el mismo día que Latam anunció que se presentaba a la Ley de Quiebras en Estados Unidos, bajo el capítulo 11 (que no incluye a su filial Argentina), el Ministerio de Trabajo de este país solicitó a la aerolínea pagar el saldo restante de los pagos que había abonado a empleados suspendidos en los siguientes tres días, bajo el artículo 223 bis de la ley de Contrato de Trabajo del país.
Sin embargo, la empresa presentó un recurso de reconsideración para poder seguir abonándolos parcialmente. Latam argumentó su imposibilidad de concretar el 100% de los pagos al no registrar ingresos, entre otras varias razones.
La compañía buscó acordar con sus empleados en Argentina una rebaja salarial del 50% de salario bruto durante los meses de abril, mayo y junio, ante la falta de ingresos por la pandemia. Sin embargo, logró firmar acuerdos individuales con 1.150 de 2.280 empleados que tiene el país.
Los demás no aceptaron y tras una serie de reuniones con el Ministerio de Trabajo, no pudo alcanzar un acuerdo con los sindicatos. Pero, tras su recurso de reconsideración, está habilitada legalmente para seguir abonando los salarios con descuento durante los tres meses.
En los últimos días surgieron una serie de rumores en el sector aerocomercial argentino sobre los planes de la empresa donde proyecta una fuerte reducción futura de su operación en el país. En Latam se desmintió que ese proyecto esté en carpeta.
La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) se reunió con representantes de Latam Argentina, luego de que anunciara que se acogía al capítulo 11 para consultar las implicaciones que esa medida tendría en el país. Por la normativa, esa presentación a concurso de acreedores no incluye a Argentina, Paraguay Brasil, donde las operaciones se rigen por la ley de cada país.
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