No quedaron dudas. El proyecto de ley que buscaba retrasar la entrada en vigencia de la Ley de Jibia -publicada en el Diario Oficial el 16 de febrero y que comenzará a regir este viernes- tuvo un fuerte rechazo en la Cámara de Diputados, tras recibir 118 votos en contra, 21 a favor y 4 abstenciones.
En el gobierno, el ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, señaló que "estamos sacrificando empleo y sacrificando exportaciones (...) Yo esperaba que imperara la cordura".
La autoridad señaló que "considerábamos sensato prolongar el tiempo de adaptación para que el sector pesquero estuviera bien preparado cuando la ley entre en vigencia, de manera de evitar el desempleo que se puede provocar. Considerando que hay un hecho sobreviniente de que la jibia se ha alejado de nuestras costas y no va a poder ser pescada en gran cantidad por los pescadores artesanales, que supuestamente se ven favorecido por la ley", indicó el ministro.
A las afueras del Congreso, un sector de los pescadores artesanales celebraron la decisión.
La base del conflicto
Actualmente, la cuota de captura de jibia en Chile se encuentra fraccionada en un 80% para el sector artesanal y un 20% para el industrial.
Hoy, Chile posee 200.000 toneladas según la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacifico Sur (ORP-PS), pero nunca ha logrado llegar a completar la meta.
Dado lo anterior, y por la restricción de la ley en las formas de pesca de la jibia, el 6 de junio, una bancada transversal de diputados, liderada por Francisco Undurraga (Evopoli) presentó una moción para prorrogar la entrada en vigencia de la normativa hasta febrero de 2021, iniciativa que el Ejecutivo respaldó, para evitar una posible disminución de la cuota anual otorgada y un aumento en el desempleo.
Sin embargo, el proyecto fue rechazado por la comisión especialista en la materia.
Ayer, en el discurso previo a la votación, Fontaine señaló que si se rechazaba el proyecto se dejarían de exportar "hasta US$ 150 millones", los que quedarían disponibles en el mar.
Aquello no convenció a los parlamentarios y el proyecto recibió una negativa.
La diputada del Frente Amplio, Camila Rojas, quien forma parte de la Comisión de Pesca y Acuicultura de la Cámara, señaló que "la cuota que le corresponde a la industria (20%) ya fue capturada durante el 2019 y si hoy no tiene esos puestos de empleo es porque ya capturó su cuota de jibia anual. Hay que dejarle claro a la industria que ellos tienen que adaptarse. Tienen varios meses hasta el 2020 para hacerlo, además de los seis que perdieron por insistir en las presiones para que esta ley fuera prorrogada".
Las reacciones del sector no tardaron en llegar y desde la Asociación de Industriales Pesqueros (ASIPES) dijeron que "impresiona cómo el parlamento no tiene interés por entender la realidad operacional de la pesca industrial".
También apuntaron como "inviable" la solución del Ejecutivo para los afectados por cierre de plantas, de establecer un programa de ayuda.
El viernes, Pacific Blu anunció el cierre de su planta y la desvinculación de 367 trabajadores, mientras que en Landes cerrarán una planta, paralizarán dos barcos y desvincularán a 250 funcionarios.
El gerente general de Sonapesca, Héctor Bacigalupo, cree que "los impactos económicos negativos aumentarán con el paso del tiempo". Tras el no de los diputados y el inminente inicio de la ley, las empresas estarían por presentar un requerimiento ante el Tribunal Constitucional.
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