Las disculpas públicas y el compromiso de entregar compensaciones no ha sido suficiente. Mientras la presión política por terminar con la concesión de Essal aumenta -lo que incluso llevó al Presidente Sebastián Piñera a reunirse por tres horas con el ministro Alfredo Moreno-, la superintendencia del ramo entró en la recta final del análisis que está realizando para determinar sanciones.
El superintendente (s) de Servicios Sanitarios, Jorge Rivas, detalló los avances del caso a 12 días de que se desatara, acotando el campo de sanción a cinco temas que pueden ser sancionados.
El organismo debe realizar un informe de la situación, insumo principal para las decisiones que vienen respecto de la posible caducidad, temas que -reconoció Rivas ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados- están bastante claros para autoridad, aunque no pudo entregar detalles dado que no se ha finalizado el proceso.
El primer eje de la indagatoria agrupa las acciones de la empresa para reponer en un mínimo tiempo factible el suministro de agua en Osorno, dado que la resolución del problema tomó seis días y reponer completamente el servicio otros seis.
A esto se le suman las medidas de mitigación dispuestas por Essal ante la emergencia, en particular respecto del abastecimiento alternativo y parcial a través de la calidad de agua distribuida por la red. Durante los cortes -dijo Rivas ante diputados- vio en retiradas ocasiones un compromiso por parte de la empresa en solucionar este conflicto.
Otro punto clave y fundamental en la redacción del informe que se le entregará al presidente es la responsabilidad de la empresa en los hechos que gatillaron el corte, es decir, en el derrame de petróleo.
En la sesión, el superintendente explicó que Essal usa un generador a petróleo para reducir los costos eléctricos en horarios punta. El derrame se produjo por descuido del personal, “pues el operador dejó abierta la llave exponiendo 1.000 litros al río y al estanque que impulsa el agua a Osorno”, indicó.
La investigación aborda también las entregas de información a las autoridades y a la comunidad. Un punto débil de Essal fue la infructuosa comunicación al gobierno y la comunidad, pues “fueron erráticas y poco claras”, dijo.
El quinto elemento que pesará en los hombros de Essal será la facturación de los servicios, que deberá ajustarse a las instrucciones de la SISS en el contexto de la emergencia. La empresa ha informado que al menos durante dos meses no se realizará cobros.
El tema clave para la autoridad será definir si los hechos de estos 12 días corresponden a una misma situación, o hubo una reiteración de fallas, lo que podría inclinar la balanza a la hora de definir si se aplicará una caducidad.
La Moneda separa aguas en la decisión
Aunque ayer se esperaba que el ministro Moreno llegara acompañado por el superintendente a la reunión con Piñera, finalmente fue solo.
Esto -explican algunas fuentes- porque se busca separar las implicancias técnicas de las decisiones políticas para evitar que la empresa acuse una suerte de “presión política indebida” sobre la decisión que tome, la que en el caso de inclinarse por caducidad es muy probable que termine siendo dirimida en la justicia.
En la cita de ayer estuvo el jefe de asesores del presidente, Cristián Larroulet, pero fue el ministro el que transmitió un primer diagnóstico respecto a los antecedentes recopilados para ejercer la acción de caducar la concesión.
Esto enfocado, principalmente, en la contienda judicial que se prevé con la empresa sanitaria, tomando en cuenta que Essal ya contrató los servicios del exintegrante del CDE y exsubsecretario de Justicia en el primer gobierno de Piñera, Juan Ignacio Piña.
Al término de la reunión en ministro Moreno explicó que “con respecto al tema las sanciones, quiero reiterar que corresponden a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, ellos han establecido un plazo (3 de agosto) nosotros le hemos pedido que ese plazo sea lo más breve posible, están trabajando en eso, según nos han señalado”.
Moreno insistió en el apego a la normativa legal ante cualquier definición “esperamos que de acuerdo por supuesto a la ley, porque tenemos una ley que cumplir -que está por encima de todo- y dentro de eso, que las sanciones sean acordes con la enorme gravedad de los hechos sucedidos en Osorno y que han afectado a tanta gente”.
El ministro dijo que con lo sucedido en Osorno ha quedado claro “la importancia de poder modificar y fortalecer la ley de servicios sanitarios que tenemos vigente de manera tal de que entre otras cosas no suceda en ningún otro lugar”.
CPC entra al debate y pide un "debido proceso"
Mientras aumenta la presión de sectores políticos por caducar la concesión de Essal, el presidente de la CPC, Alfonso Swett, entregó su visión del tema. "Essal cometió errores graves y ha provocado serios daños a las personas, por lo que debe ser sancionada con firmeza conforme a la ley, y efectuar todas las compensaciones que correspondan", dijo en una declaración.
Respecto a la posibilidad de que pierda la concesión, el líder de los grandes empresarios señaló que "en la institucionalidad chilena, la pérdida de una concesión es una opción. Pero la misma institucionalidad establece que esa opción se debe ejercer a través de un debido proceso. El respeto a la institucionalidad y al marco jurídico es clave para la estabilidad y el desarrollo de los países".
Por contrapartida, ayer un grupo de representantes de la DC, encabezados por el presidente de esa tienda, Fuad Chahín, fue hasta La Moneda a dejar una carta de ocho carillas argumentando por qué la empresa debería perder sus permisos. Iban también en la comitiva Ximena Rincón y Gabriel Ascencio.
La cronología que relató el superintendente
Fue la comisión de Salud de la Cámara de Diputados, la que recibió ayer al superintendente de Servicios Sanitarios (S), Jorge Rivas, para abordar en profundidad el caso y donde, además, detalló su versión de cómo se encadenaron los hechos que mantuvieron más de una semana a Osorno sin agua.
Rivas señaló que esto partió el 10 de julio durante una operación normal de Essal. La sanitaria se dispuso a encender su sistema electrógeno –a base de combustible- para apoyar el bombeo de agua desde el Río Rehue al estanque principal en la Región de Los Lagos, lo que le permite abaratar costos en el horario punta de la tarifa eléctrica.
"El operador como todos los días, abre la llave desde el estanque grande y espera que pase el combustible y, lamentablemente se olvidó cerrarla, quedando abierta desde el miércoles en la tarde, traspasándose el petróleo al equipo generador. Se habla de 1.100 litros por segundo, pero aún no se tiene la cuenta de cuanto se derramó en total", explicó.
Pasaron horas antes de que la empresa se percatara del error humano que llevó el derrame de petróleo al río y al sistema de tratamiento de agua. El jueves en la mañana, la firma notó la contaminación en las cañerías, filtros, estanques y bombas. "Esa agua con combustible llegó a la planta de captación y se contaminó toda la línea de producción a los estanques previos de distribución", dijo la autoridad.
Así, el corte de servicio al servicio de agua potable en Osorno fue inmediato. Sin embargo, dijo que los primeros comunicados de la empresa son "erráticos", argumentando que producto de una matriz rota se generó la ola de suspensión de agua.
Esto, hasta que a medio día la gerente general de Aguas Andinas, Marta Colet, llamó al superintendente para informar el derrame.
Además, la autoridad informó que luego de que se retirara el material contaminado, se activó el protocolo de residuos peligrosos de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), donde se derivaron a un lugar de acopio certificado en la ciudad de Concepción.
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