Frente al impacto causado por la pandemia en la actividad e ingresos de la red aeroportuaria en regiones, el Ministerio de Obras Públicas está evaluando soluciones como autorizar el cierre temporal de las áreas de esos terminales que no se estén utilizando como una acción para rebajar sus costos, como confirmó el titular de la cartera, Alfredo Moreno.
Esta línea de acción ya cuenta con un precedente en el caso del aeropuerto de Santiago con el cese de operaciones en marzo pasado de los espigones C –que cuenta con diez puentes de embarque y una superficie de 23.700 m2- y E, que suma 26.700 m2 con 12 mangas.
Y si bien ambas infraestructuras se mantienen sin funcionar, esta medida está siendo revertida por la autoridad, ya que la Dirección General de Concesiones del MOP está solicitando la reapertura del Espigón C, señalan desde Nuevo Pudahuel, la concesionaria del aeropuerto Arturo Merino Benítez. Desde esa sociedad agregan que los argumentos manifestados por la autoridad para cursar esta petición apuntan al aumento en el número de vuelos en el último tiempo y en la necesidad de asegurar el distanciamiento social entre los pasajeros.
El gerente general de Nuevo Pudahuel, Xavier Lortat-Jacob, desestima la conveniencia de instruir esta medida, afirmando que “dada la situación y el flujo de pasajeros que esperamos para 2021 y 2022, y en particular el tráfico internacional, estimamos que no sería necesaria una reapertura de estas infraestructuras hasta fines de 2021”.
Asimismo, argumenta que ante la disminución de más del 90% en el número de pasajeros por efecto de la crisis sanitaria “en 2020 recibiremos a 7 millones de pasajeros, versus los 25 millones de 2019, por lo cual requerimos en marzo el cierre de los espigones C y E, ya que el flujo actual se adecúa a la mitad del terminal 1”.
El requerimiento del Ministerio de Obras Públicas a la concesionaria se da en el marco de un escenario de tensión entre las partes, luego de que la empresa solicitó en septiembre pasado a la autoridad que se allane a establecer fórmulas que permitan mitigar los sobrecostos que ha tenido que absorber por la pandemia. Por ello, el ejecutivo recalca la necesidad de dejar de utilizar cierta infraestructura como “una medida para no incurrir en gastos innecesarios, aunque su efecto no es equiparable al masivo desequilibrio económico que sufre la concesión”.
Lortat-Jacob recuerda que el terminal se encuentra en un proceso de ampliación que aumentará la superficie de 110 mil m2 a 320 mil m2, de acuerdo al proyecto cuya entrega está prevista para el próximo año. En este marco, enfatiza que la empresa mantiene a firme su posición de pedir una ampliación del plazo de concesión que finaliza en 2035. “La extensión del contrato es la opción que no genera costos al Estado y en el cual es el concesionario el que asume los riesgos, como hemos planteado al ministro Alfredo Moreno. Lamentablemente se nos ha respondido que esa no es una opción para el MOP, lo que nos sorprende”, asegura.
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