Este martes, en una audiencia de más de cinco horas, los representantes legales del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y de la concesionaria del Aeropuerto de Santiago, Nueva Pudahuel, expusieron sus argumentos frente al Panel Técnico de Concesiones, respecto de la petición de indemnización que reclama el consorcio italiano-francés por atrasos en la ejecución de obras del Terminal 1, destinado a vuelos nacionales.
La firma acusa que el proceso de construcción se vio entorpecido cuando la obra contaba con más de 90% de avance luego que la cartera, a cargo del entonces ministro Alfredo Moreno, ordenara la remodelación del recinto. Esta decisión, asegura la empresa, habría impedido terminar los trabajos en los plazos previstos, causando sobrecostos. Nueva Pudahuel exige el pago de $ 14.700 millones.
El alcance de la modernización
Durante la audiencia, Pedro Roberto Aigneren, miembro del panel, concordó con una parte de los reclamos de la firma y sostuvo que “no se puede hacer en 85 días lo que no se hizo en dos o tres años. Es de toda lógica, ahí no hay que preocuparse”, apuntó.
Sin embargo, señaló que la instancia “no puede tomar resoluciones de pronósticos”. “¿Qué es lo que pasa? Están reclamando costos de lo que no se sabe que iban a hacer”, dijo.
A esto se sumó el cuestionamiento de Enrique Marshall, también integrante del panel, en cuanto a los esfuerzos que realizó el consorcio por precisar los alcances de la remodelación previo a la adjudicación del contrato. “No podría deducir uno que remodelar es solo aplicar una mano de pintura”, agregó.
Por su parte, el director técnico adjunto de Vinci Airports, Vincent Hebrard, respondió que “si el MOP hubiese querido actualizar normativamente todo el edificio, lo debió incluir de manera muy clara en las bases de licitación y no lo hizo”.
Y agregó que desde el consorcio interpusieron “un recurso a la Dirección General de Concesiones (...) para definir el plazo para ejecutar la modernización. Y de buena fe intercambiamos borradores de resolución con la DGC, pero infelizmente esos documentos no prosperaron”.
Falta de respuestas
Por su parte, el abogado experto en Derecho Civil, Marcos Rosas, defendió al ministerio y explicó que “la concesionaria planteaba que algunos de los requerimientos que el MOP le estaba pidiendo, excedían aquello a lo que está obligada a hacer. Y adicionalmente pidió modificar el anteproyecto referencial, lo cual requiere estar justificado con un informe técnico-económico”. “Cuando estamos frente al último hito de construcción, cuyo incumplimiento nos obligaría a cobrar las boletas de garantía, el Estado con más de un año de anticipación quiso encontrar una solución (...) que consistía en suspender los plazos mientras conversamos”, aseveró.
En este sentido, dijo que frente a la petición de Nueva Pudahuel de extender el plazo por tres meses, el MOP pidió un programa que respaldara las razones y la concesionaria se negó a entregar por varios meses.
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