La Municipalidad de Concepción decidió postergar los permisos de subdivisión, loteo, y urbanización predial y de construcción en el polígono de 0,987 hectáreas que comprende el Humedal Urbano Pichimapu, en su comuna.
La decisión fue oficializada ayer -coincidiendo con el Día Internacional de Los Humedales-, en el marco de la implementación de la Ley 21.202.
A partir de esa norma, son varias las zonas a lo largo de Chile que ya cuentan con más de 50 acuíferos protegidos. Sin embargo, el reglamento tiene preocupadas a decenas de empresas dedicadas al rubro de la construcción, y que estarían viendo afectadas sus obras seriamente al estar ubicadas en las cercanías de las áreas en cuestión.
En el caso del municipio de Concepción, el área bajo protección limita al norte con el condominio Barrio Nonkén y al sur con el conjunto residencial Villa Nonguén, desarrollos inmobiliarios que a juicio de esa entidad ejemplifican uno de los riesgos a los que se encuentra asociado ese acuífero.
La solicitud de protección fue iniciada por las autoridades municipales en agosto de 2021 y, aunque aún no ha sido formalmente aprobada, todo indica que así será. Tras ser acogida, solo resta el pronunciamiento del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), trámite que puede demorar hasta medio año, señalan desde la sede edilicia.
En este contexto, la Municipalidad de Concepción suspendió la entrega de permisos y la continuidad de las obras pendientes por los próximos tres meses (que se pueden extender hasta seis meses) a la espera de la declaración de humedal
Danilo Vargas, arquitecto de la Unidad de Asesoría Urbana de la Municipalidad de Concepción, explica que, una vez que se oficialice este último paso, la sede edilicia deberá modificar el Plan Regulador para “asignar normas compatibles” tanto para las obras, como para la protección de los ecosistemas.
Así, los proyectos emplazados al interior o en las cercanías de la superficie mencionada podrían estar detenidas hasta julio de 2022, a la espera de resolver si deberán ingresar al Servicio de Evaluación Medioambiental para “compensar, mitigar o reparar los eventuales actos que puedan tener sobre el terreno protegido”, apunta Vargas.
Proyectos en jaque
El funcionario municipal precisa que la ley establece para los humedales un rol de “infraestructura verde”. “No son solo un área intocable y restrictiva, sino que tiene que ver con un elemento integrador, pero no parasitario a la ciudad, sino como cocreación de ésta”, explica.
Pero no todos analizan la normativa con el mismo punto de vista.
Jorge Cash, jefe del área de Medioambiente del estudio Elías Abogados, trabaja con un grupo de inmobiliarias afectadas por la progresiva declaración de humedales urbanos en el país, por lo que conoce de cerca las principales inquietudes de los privados frente al tema.
“La paralización de estos proyectos puede hacer que finalmente sean inviables. Estas acciones tienen como consecuencia una nueva evaluación de la factibilidad y viabilidad de la inversión. Además, son paralizaciones que pueden extenderse en el tiempo hasta que no se resuelvan los litigios judiciales o administrativos asociados a ella”, sostiene.
Entre los casos actuales figuran ocho iniciativas en análisis bajo el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en la comuna de Puerto Montt y que comprometen más de US$ 100 millones. La misma situación podría repetirse en Concepción. Hasta el momento, desde ese municipio dicen que no han recibido reclamos ni sugerencias por parte de empresas afectadas, pues el decreto que paraliza obras es muy reciente, si bien no descartan acciones en esta línea a futuro.
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