Un intenso debate se está dando en la comisión mixta conformada para resolver las diferencias en torno al proyecto que suspende el corte de servicios básicos. En su segunda sesión -antesala de lo que será la votación de la iniciativa este viernes-, las autoridades sectoriales se jugaron las últimas cartas para defender el acuerdo alcanzado con las empresas el 27 de marzo.
Sin embargo, más allá de los textos que fueron debatidos tanto en la Cámara de Diputados como el Senado, unas nuevas alertas se encendieron en torno a las propuestas que instalaron sobre la mesa los parlamentarios en la comisión mixta, ya que tocaron la cadena de pagos del sector eléctrico. En la práctica, según se asumió en industria, implica distribuir el costo en los distintos segmentos.
El miércoles algunos parlamentarios como Yasna Provoste, Ximena Rincón y Joanna Pérez presentaron una propuesta donde -entre otros aspectos- sugiere que desde la entrada en vigencia la ley y hasta los 120 días posteriores al cese del estado de catástrofe las empresas generadoras y transmisoras de energía eléctrica deberán continuar proveyendo sus servicios a las empresas distribuidoras domiciliarias de energía y cooperativas eléctricas.
Con todo, dice, “el pago de las empresas distribuidoras eléctricas a las empresas generadoras y transmisoras se devengará y pagará una vez cesado el estado de excepción a prorrata en el mismo número de meses en que se prorrateará las cuotas a los usuarios finales, sin multas ni intereses”. Lo anterior, eso sí, estableciendo algunas excepciones como que no será aplicable a las empresas de menos de 20 MW de potencia máxima.
Frente a la propuesta, el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, sugirió no intervenir en la cadena de pagos del sector eléctrico. “Las compañías de generación en Chile, están haciendo un enorme esfuerzo por cambiar nuestra matriz energética hacia una renovable. Si intervenimos la lógica de los contratos de suministro, de la asignación de los riesgos de los distintos actores de la industria, podemos afectar gravemente el desarrollo de esos proyectos de energía renovable”, aseguró.
Desde la Comisión Nacional de Energía (CNE) reconocen que ven con preocupación que un proyecto de ley que nació con foco en dar facilidades a los clientes frente a la pandemia, y consolidar el acuerdo ya logrado entre las empresas y el gobierno en cuanto a esas facilidades de pago, se ha extendido peligrosamente a abordar transferencias de riesgo y recursos financieros entre las empresas de la cadena de pagos, materia que está regulada en los contratos. Peor aún, aseguran, materia en la que al legislar es muy difícil no favorecer a determinadas empresas en desmedro de otras, ya que con el grado de atomización que existe hoy entre empresas distribuidoras, transmisoras o generadoras, se hace imposible generalizar en favor de unos sin ser injustos con los otros.
En la instancia, también participó la subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Gidi y el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno. Este último fue enfático en defender el acuerdo en marcha, enfatizando: “Esto lo pagan las compañías, no tiene riesgo alguno para el Estado, es totalmente voluntario”.
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