Con 20 exposiciones de directivos de gremios, sociedades y colegios profesionales de la salud, así como representantes de consumidores, pacientes y un nutrido contingente de abogados, ayer se realizó en el Tribunal Constitucional la audiencia pública para evaluar la derogación de la norma que prohíbe el ejercicio de tecnólogos médicos y optometristas al interior de todas ópticas del país.
En la instancia, desarrollada en el proceso de inconstitucionalidad respecto al inciso segundo del artículo 126 del Código Sanitario, las partes protagonizaron un intenso cruce de argumentos, en pro y en contra, desde ámbitos con el acceso de los pacientes a la atención e igualdad de derechos en el ejercicio profesional, así como conflictos de intereses, integración vertical y barreras a la libre competencia en esta actividad que, al mismo tiempo, corresponde a una especialidad médica de fuerte demanda y un negocio de grandes volúmenes de venta y rentabilidad.
“Para las ópticas, tecnólogos médicos y optómetras, esto representa una discriminación arbitraria, ya que deben que enfrentar una prohibición absoluta a los mismos incentivos que existen en otras áreas de la salud que no tienen esa prohibición tan estricta”, señaló Max Schilling, gerente general de Ópticas Schilling y vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Optometría y Óptica, en la línea de quienes invocan ante el TC la garantía constitucional de igualdad ante la ley (art. 19 n° 2). En ese marco, sostuvo que la limitación aplicada en Chile es “absolutamente excepcional” en el contexto internacional: “salvo otros países del Cono Sur como Argentina y Brasil, son muy pocos los casos en el mundo, incluidos EEUU y Europa”.
Pese a que varias de las intervenciones sostuvieron que mantener la prohibición cuestionada afecta el ejercicio de optómetras y tecnólogos médicos, esta última orden profesional se opone a declararla como inconstitucional, alineándose al Colegio Médico y la Sociedad Chilena de Oftalmología.“Tras un debate interno, el colegio entiende que la norma debe permanecer y es necesaria para regular los conflictos de interés porque entendemos que hay un interés sanitario superior”, señaló el abogado Sebastián Rodoni.
Uno de los ejes del debate en el TC fue la defensa de la prohibición como para contener eventuales conflictos de intereses entre los objetivos comerciales de las ópticas y la prescripción de tratamientos y productos como los lentes. “Frente a los cuestionamientos a que tecnólogos y optometistras realicen su diagnóstico dentro de la óptica por razones de integración vertical, debido a que su jefe es el dueño de ésta, existe la garantía de la portabilidad de la receta con la cual es posible elegir dónde hacer los anteojos”, afirmó Stefan Larenas, de la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (Odecu).
El nuevo presidente ejecutivo de Ópticas de Chile, Marco Antonio Núñez, puso el acento en la necesidad de ampliar el acceso a quienes requieren atención en enfermedades visuales.“Más de 230 mil personas deben esperar 480 días en promedio para ser atendidos por un especialista en el sector público, y la oftalmología sigue encabezando las listas de espera GES. Las personas deben tener acceso a un examen visual primario realizado por profesionales capacitados de manera oportuna y, sobre todo, accesible económica y geográficamente, lo que es posible en las ópticas desplegadas en el país y un sector privado complementario a la red pública. Es necesario que se deje de proteger los intereses particulares de una especialidad médica”, aseveró.
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