“Es la primera vez que soy testigo en mi vida, ¿no? Ni de Jehová he sido”. La frase es del empresario colombiano Carlos Ríos, quien junto a su hermano Francisco demandó al Estado de Chile ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) el año pasado.
Sostienen que enfrentaron perjuicios, vulneraciones y discriminaciones en la operación del Transantiago, a través de sus empresas Alsacia y Express Santiago Uno, por lo que solicitan el pago de US$ 330 millones por supuestos daños, más US$ 15 millones de indemnización.
Por el contrario, el Estado chileno ha negado las acusaciones de incumplimiento de contratos, apuntando a que el default en el que cayó Alsacia se debió a la estrategia de sobreendeudamiento que tomaron los accionistas acompañado de bajos aportes de inversión.
Entre el 11 y el 16 de abril pasado, en Londres, Inglaterra, cada una de las partes presentó sus argumentaciones y a los testigos. Uno de estos fue precisamente Carlos Ríos.
Esta semana las transcripciones oficiales de la audiencia fueron liberadas por el Ciadi y en ellas el empresario colombiano insistió en que Chile no cumplió con la promesa de mejorar la infraestructura para operar los buses y no hizo nada para reducir la evasión.
Casi al final del interrogatorio, el empresario fue consultado por la presidenta del tribunal, la suiza Gabrielle Kaufmann-Kohler, sobre la relación que tiene con los bonistas de Alsacia, a quienes la empresa les debe más de US$ 300 millones.
“¿La compensación reclamada en este arbitraje será entregada a Alsacia y Express para que puedan reembolsar parte de la deuda?”, consultó Kaufmann-Kohler.
A lo que Ríos contestó: “Lo único que yo tengo claro es que la demanda la estamos poniendo los accionistas, no las empresas. Por lo cual las compensaciones llegarían a los accionistas”.
La suiza insistió: “Si usted y su hermano cobran la compensación reclamada, ¿se pagará la deuda de Alsacia o no?”
El socio de Alsacia fue categórico: “No. No tenemos la obligación de hacerlo”.
La declaración de Ríos fue consignada por uno de los abogados de Chile, Paolo di Rosa, quien al cerrar otra de las jornadas del juicio, señaló: “Los testigos y la prueba documental demuestran las numerosas medidas que los demandantes adoptaron en detrimento de los usuarios del Transantiago y de las propias empresas, y en beneficio de los propios demandantes. Más aún, el señor Ríos le confesó al tribunal el viernes pasado sin remilgo alguno que no tiene la más mínima intención de pagarle a los bonistas de Alsacia si este tribunal llegase a brindarle a las demandantes una indemnización en este arbitraje”.
Paolo di Rosa, del estudio Arnold & Porter Kaye Scholer LLP., prosiguió: “Ello significa que los demandantes buscan recibir una indemnización de cientos de millones de dólares a costo de los bonistas de Alsacia, pero más que nada a costa de los contribuyentes chilenos, de la ciudadanía de un país que tiene recursos limitados, pero que hace mucho con lo que sí tiene. Y ese, señora presidenta y estimados miembros del tribunal, sería un resultado deplorable. Porque este no es el tipo de situaciones para los cuales fueron diseñados estos tratados de protección de inversión”.
Así, el pago de la deuda se tomó el debate. Según consignan los últimos resultados financieros de la empresa, la compañía está pronta a llegar a un nuevo acuerdo con los bonistas, para establecer un nuevo plan de pago.
Según trascendió, los terminales y todo lo que se ha logrado con la extensión de los contratos está sirviendo para cumplir con este compromiso.
Ríos: los bonistas saben que hemos trabajado de buena fe
Durante el interrogatorio, el empresario Carlos Ríos destacó su "buena relación" con los bonistas. "Ellos son claros que a mí me han incumplido. No he sido yo", sostuvo.
El socio de Alsacia añadió: "Y nos siguen apoyando, ¿en qué sentido? Nunca olviden que ellos tienen garantías reales, porque no las han ejecutado, porque nos quieren apoyar, ellos creen en nosotros, ellos saben que hemos trabajado de buena fe".
Ríos destacó la extensión del contrato de la concesión de Express, importante operador del Transantiago, hasta junio próximo. "(Los bonistas) lo ven con buenos ojos como decir: 'Bueno, ahí algo vamos a seguir recuperando'", dijo el empresario.
Según señaló, el acuerdo exige que todo lo que se genere por extensión de contratos por Transantiago va para los bonistas. "Ojo, el crédito exige que todo lo que se siga operando yo tenga prioridad de pago hacia ellos. O sea, yo no puedo hacer nada ahí", dijo en el interrogatorio.
En su calidad de testigo presentado por los demandantes, el exgerente de Alsacia, José Manuel Ferrer, explicó que la empresa tiene dos activos relevantes: los buses y cinco terminales. Sobre los primeros, dijo que tiene un valor muy bajo al tener más de un millón de kilómetros de uso. En cuanto a los terrenos, dijo que los cinco están arrendados.
Estimó que los contratos suman entre US$ 160 millones a US$ 165 millones "cuando nos descuentan los flujos de cada uno de los cinco contratos firmados".
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