La preocupación de los accionistas minoritarios por los efectos que tendrá la reorganización bajo la ley de quiebras de Estados Unidos -iniciada el 26 de mayo pasado- en la estructura de propiedad de la compañía, marcó la junta de Latam realizada ayer.
Esto, porque el mecanismo de Debtor in Possession (DIP) establecido en el proceso acogido al Capítulo 11, y que busca reunir US$ 2.500 millones para salvar a la firma, podría resultar en la dilución importante de sus participaciones accionarias por la entrada de nuevos inversores.
Por ello, y junto con manifestar su alerta por esta eventual consecuencia, las intervenciones de los accionistas minoritarios también apuntaron a cuestionar esa decisión, que calificaron de unilateral.
Al respecto, el presidente de la aerolínea, Ignacio Cueto, respondió que todos pueden participar del proceso abierto en Nueva York y aportar capital. Costa Verde, el motor financiero de su familia, ya comprometió US$ 300 millones.
"Lo que usted señala (dilución de los papeles) es real. Lamentablemente estamos todos los accionistas tremendamente afectados y para adelante estamos tratando de recuperar lo que se pueda en este camino. ¿Qué significa eso?, nos estamos haciendo cargo de los acreedores que participan, un nuevo financiamiento, y los antiguos accionistas. El futuro de eso no lo podemos anticipar, todo depende de como siga funcionando Latam, y no sabemos en qué condiciones saldremos de Capítulo 11", reconoció el empresario.
Por su parte el CEO de la aerolínea , Roberto Alvo, señaló que comprende la frustración de los minoritarios por no haber participado de la decisión, pero la ley chilena indica que el directorio representa a cada uno de los dueños de Latam y que ellos fueron los que finalmente optaron por esta vía de reorganización en Nueva York. "Yo los entiendo y creo que en esta junta de accionistas tuvimos una oportunidad valiosa de explicar a los más pequeños y acoger sus inquietudes. Este es un proceso voluntario, pero no deseado. Acá estamos porque la crisis llevó a la industria a este punto y si Latam están en un proceso de capítulo 11 y otras firmas no, es porque otros gobiernos salieron a respaldar a sus compañías de manera bastante dramática, con US$ 120 mil millones estatales en el mundo", respondió Alvo en el posterior punto de prensa.
Durante la búsqueda de inversionistas, se han manifestado varios interesados. Desde un conglomerado de bancos en Brasil -Blackrock Inc, Macquarie de Australia, HSBC y la chilena Moneda Asset Management- con la extensión de un préstamo por US$ 1.000 millones a US$ 1.500 millones, hasta el grupo Bethia que tendría pensado vender sus acciones y optar por inyectar recursos vía capítulo 11.
Esto puso en duda la importancia de las conversaciones que mantiene Latam con el Estado de Chile para que participe del proceso en los Estados Unidos. Sin embargo, Alvo contestó que "siempre pensamos que la ayuda del gobierno era un porcentaje del monto total. Por lo tanto, la compañía, más allá de estar conversando con los Estados, en paralelo está evaluando otras fuentes complementarias. Es prematuro adelantar nada, seguimos con la prioridad de conseguir financiamiento de los países y buscar intensamente en el mercado financiero".
Reactivación más lenta
Roberto Alvo señaló en su exposición que el proceso de recuperación será más lento de lo previsto. "Es menor a lo que veíamos inicialmente, actualmente tenemos un nivel de operación menor al 10%. Si antes pensábamos que estaríamos en un 50% o 70% a fin de año, ahora creemos que será un número inferior", reconoció el ejecutivo.
Durante la junta de accionistas, explicó que este escenario se enmarca en las proyecciones mundiales de recuperación, donde una vez cese la propagación del virus la capacidad de la industria no superará el 75% de lo que tenía antes de la llegada del coronavirus.
En este sentido, sostuvo que someterse al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, permitirá readecuar las dimensiones de Latam "mientras aún se vean los efectos de la pandemia".
Además, detalló que optaron por dejar fuera del proceso a la unidad de Paraguay y Brasil, porque su deuda es muy baja y, en el caso de este último país existen posibilidades de acceder a recursos a través de BNDES.
En el caso del cese de operaciones de Latam Argentina, reiteró que no es un mercado sustentable, dado el fracaso de las negociaciones con el gobierno y los trabajadores para lograr un acuerdo (ver nota relacionada).
Respecto de los costos de la compañía, Alvo detalló que la estructura anterior al virus era de ingresos por US$ 850 millones al mes, con 200 vuelos diarios en todas sus operaciones y más de 6 millones de pasajeros. Sin embargo, durante mayo las ventas se desplomaron a niveles de US$ 160 millones, con 60 vuelos diarios y con la mitad de la ocupación normal.
En total, en el periodo se transportaron menos de 200 mil personas.
Firma rechaza críticas del CDE a reorganización
Los abogados de Latam Airlines (José María Eyzaguirre y Nicolás Luco, de Claro & Cia.), rechazaron las solicitudes del Consejo de Defensa del Estado (CDE), que, entre otras medidas, pedían a la justicia chilena la designación de un veedor en el proceso de reorganización financiera que la compañía lleva adelante en Estados Unidos.
Según el CDE, que es acreedor de la aerolínea, no existen garantías de que la empresa cancele sus obligaciones a los prestamistas chilenos. No obstante, en un escrito, los abogados de la aerolínea señalaron que la posición del CDE "desconoce" que el objetivo específico de que la justicia chilena reconozca la reorganización en EEUU no es el inicio de procedimientos paralelos en distintos países sobre el mismo deudor", porque podría provocar un tratamiento muy diverso a los acreedores y frustrar cualquier proceso de reorganización único.
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