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REGÍSTRATE AQUÍServicios públicos hicieron primera ronda de consultas, las que deben responderse en febrero.
Por: Equipo DF
Publicado: Viernes 18 de diciembre de 2020 a las 04:00 hrs.
El primer paso relevante en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) dio la iniciativa que busca desarrollar el grupo CAP junto con Enel, para levantar infraestructura para regasificación de Gas Natural Licuado (GNL) en el terreno de Compañía Siderúrgica Huachipato (CAP Acero) Talcahuano.
La iniciativa, que contempla una inversión de US$ 104 millones y se emplazará en la bahía de San Vicente, estará habilitada para la recepción, almacenamiento, regasificación, entrega de gas natural, y la carga de camiones cisterna con GNL. Y, si bien el grupo CAP es el responsable del proyecto, el otro de los socios es la italiana Enel, que tiene una participación minoritaria.
Luego de que en febrero Gas Natural Zona Sur ingresara una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la iniciativa, el viernes pasado la autoridad emitió la primera ronda de consultas de los servicios públicos que participan en el proceso (conocido como ICSARA), para lo cual la empresa tendrá hasta el 26 de febrero para responder.
Entre las diversas inquietudes, se plantean dudas relevantes respecto a la fase de operación, específicamente el impacto ambiental que puede tener la iniciativa, y los planes de contingencia y emergencia que se contemplan.
Por ejemplo, se pide informar el destino de término de los residuos peligrosos y la disposición final de los residuos. Pero también, se pone énfasis en cuanto a las eventuales fugas y derrames de GNL que se puedan producir, donde el proyecto contempla un sistema de contención.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
Los trabajos, financiados por la Subdere, debieron finalizar en febrero; sin embargo y tras cuatro prórroga, no cumplieron con los plazos. Hoy la constructora Tromen enfrenta multas por este proyecto que superan los $ 41 millones.