A dos años desde que la australiana TCVAL anunció que no continuaría con la concesión debido a obstáculos en la tramitación medioambiental, este jueves -y tras convocar a cinco firmas- la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV) adjudicó el proyecto de ampliación del Terminal 2 a Agencias Universales S.A. (Agunsa) -ligada a la familia Urenda- la que obtuvo el mejor puntaje en la oferta económica. Y a partir de marzo de 2022 tomará las riendas del proyecto por los próximos cuatro años.
Fernando Ramírez, presidente del directorio de EPV, cuenta que tras el retiro de TCVAL se diseñó una estrategia cuyo primer objetivo fue "tener interesados por Valparaíso" logrando un grupo considerable de oferentes gracias a condiciones de competencia "atractivas".
La relación del grupo Urenda con EPV no es nueva. A fines de 2019, Agunsa acusó a la estatal de no cumplir con las condiciones acordadas y tras exigir el fin a la concesión recurrió a la justicia. Pese a ello, Ramírez asegura que la disputa no incidirá en la actual relación pues "aplicando bien los contratos, la institucionalidad, y actuando con objetividad y ecuanimidad, al final estos conflictos se resuelven en su propio mérito". Junto con puntualizar que se trata de "un conflicto menor que no tiene incidencia", indicó respecto de sus consecuencias que "eso lo resolverá el tribunal en su oportunidad".
De cara al proyecto futuro, cuenta que si bien aún no existen definiciones concretas del plan de acción, sostiene que "la principal diferencia entre lo que hubo y lo que viene, es que el proyecto anterior ha demostrado no haber sido viable, y lo que viene va a partir con viabilidad ambiental, económica, y de aceptación social".
En cuanto a plazos, Ramírez comenta que "la demora en los permisos medioambientales no está dada por el desafío técnico del proyecto, sino por conciliar las distintas "vocaciones" de la ciudad".
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