“Se vaticinó en algún minuto que en junio/julio iban a haber unas 40 mil a 50 mil personas declarándose en liquidación, pero pasó que las personas empezaron a renegociar sus deudas con los bancos, que postergaron los créditos hipotecarios y de consumo”, señaló el superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento, Hugo Sánchez, quien destacó los positivos efectos que han tenido las medidas de apoyo gubernamentales y de los privados en medio de la pandemia.
“El gobierno aportó con un paquete importante de medidas para las personas y las pymes (el bono Covid y el Fogape, por ejemplo); también hubo medidas tributarias y se postergó el pago de contribuciones y las cuentas de la luz, agua, gas y telefonía. Con todo esto, lo que se logró es que la iliquidez en la que estaban entrando las personas, las familias y las empresas, no se transformara en insolvencia”, destacó la autoridad.
A esto sumó que más de 700 mil personas se acogieron a la Ley de Protección al Empleo. “Hubo una contención y las personas no salieron a buscar la solución para acogerse a los procedimientos de insolvencia”, dijo.
La autoridad reveló que las personas que solicitan su quiebra (que crecían a tasas del 30% anual desde la dictación de la nueva ley en 2014), aumentaron 15% entre enero y junio de este año. “Es una tasa razonable, pero en julio se pegó un frenazo importante: creció un 7,4%, y la reorganización de empresas creció 3,4%”, señaló Sánchez.
Actualmente, dijo, hay más de 3 mil personas en reorganización y 30 empresas de gran tamaño (que facturan sobre las 100 mil UF al año, casi $ 3 mil millones) se han acogido a la ley de reorganización financiera entre enero y julio de este año.
No obstante, señaló que ha habido un aumento de reorganizaciones financieras de compañías que facturan por sobre los US$ 100 millones, como la operadora de casinos Enjoy y cadenas de retail como ABCDin y Corona. “Esto ha permitido contener olas de despido y el impago a los proveedores”, subrayó sobre el beneficio que otorga la reorganización judicial.
Junto a esto, destacó el plan de la superintendencia para asesorías económicas de insolvencia gratuita lanzado tras la crisis social. Este procedimiento no está en la ley de insolvencia, sino que en el estatuto pyme, que es más antiguo.
“La pyme, de manera absolutamente electrónica, nos solicita el asesor económico de insolvencia (…) y entra a un procedimiento que dura tres meses, en que tiene la protección financiera concursal, que lo blinda de acciones de acreedores que lo lleven al embargo”, explicó Sáncez, quien añadió: “Este era un procedimiento muy desconocido que hemos difundido mucho: antes, eran 30 a 50 en un año. A partir de enero, llevamos 324 otorgados de manera gratuita”.
Cambios legales
El superintendente Sánchez dijo que, junto con el Ministerio de Economía, está ultimando el proyecto de ley que será presentado al Congreso para introducir una serie de cambios a la ley de quiebras. En lo medular, se buscará un acceso más expedito para quienes buscan acogerse a las distintas opciones que otorga la ley (como liquidación o reorganización), además de reducir los tiempos a la mitad y bajar sustancialmente los costos asociados a los procesos.
Junto a esto, se propondrá crear mercados de veedores y liquidadores que apunten a las empresas de menor tamaño. Hoy, la ley no permite delegar ninguna función en un tercero y lo que se busca con la propuesta de reforma es que un liquidador puede facultar a otro (menos preparado) en algunas funciones (como asistir a cierto tipo de juntas de acreedores), lo que le podría dar más flexibilidad de seguir en otros procedimientos.
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