Un total de 118 indicaciones presentaron diputados al proyecto de ley que busca reformar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), impulsado por la ministra del ramo, Carolina Schmidt.
Si bien algunas de las propuestas podrían no ser admisibles, muestran los énfasis que se darán en la negociación que viene.
Entre las indicaciones habían propuestas como someter al sistema a operaciones que no han sido evaluados ambientalmente -por haber construido antes del SEIA-, menores quórum para abrir procesos de participación ciudadana e instaurar plebiscitos comunales para determinar si una proyecto debe realizarse o no.
Retroactividad:
Uno de los ajustes propuestos -donde coinciden al menos seis diputados-, se relaciona con los proyectos que deben someterse al SEIA.
Algunos parlamentarios propusieron que se evalúen proyectos u operaciones que no hayan pasado por el sistema, dado que fueron impulsados antes que existiera el SEIA. Esto, sin importar su antigüedad.
Asimismo, una de las ideas apunta a fijar que en casos donde una iniciativa sin Resolución de Calificación Ambiental (RCA) ingrese al sistema por una modificación o ampliación, la evaluación deberá recaer sobre todo el proyecto o actividad.
Otro cambio que se buscaría es que la RCA obtenida tras un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) o una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) deba ser revisada al menos cada cinco años a contar de su publicación en el Diario Oficial.
En esa línea, también algunos apuntan a que se pueda solicitar esta revisión cuando los efectos de los diversos proyectos ubicados en un mismo lugar generen impactos en conjunto.
Participación ciudadana:
El proyecto propuesto por el gobierno plantea que en casos donde no estaba contemplado -por ejemplo en algunos proyectos inmobiliarios- el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) deberá abrir un proceso de participación ciudadana cuando lo soliciten al menos 20 personas o dos organizaciones.
En sus indicaciones, los diputados plantearon bajar esa exigencia a 10 personas, proceso cuya duración piden ampliar de 20 a 30 días.
También se sugiere que, dentro de 30 días desde que se pronuncia la comisión de que califica los proyectos, las municipalidades donde se ubican las iniciativas puedan comunicar al SEA su rechazo. Esto, siempre y cuando la decisión esté apoyada en un plebiscito comunal que deberá desarrollarse conforme a la Ley de Municipalidades.
Una vez aplicado este instrumento y que se haya alcanzado el quórum, el Servicio Electoral comunicará al SEA el resultado. Si el veredicto es un rechazo al proyecto, se dejará sin efecto lo resuelto por la comisión.
Negociación con comunidades:
También se pusieron sobre la mesa las negociaciones entre empresas o proponentes y comunidades.
A pesar de que actualmente las empresas tienen que informar a la autoridad ambiental si han establecido antes o durante el proceso de evaluación una negociación con los interesados para acordar medidas de compensación o mitigación, algunos diputados plantearon que se prohíba de esta conducta antes o durante el proceso de evaluación.
En cuanto a la evaluación de los EIA, se sugiere agregar que el SEA –con cargo al proponente y por licitación- pueda contratar a una consultora internacional encargada de elaborar este insumo para resguardar la independencia.
Evaluación de efectos:
Otro grupo de indicaciones apuntan a que, además que los proponentes de los proyectos tengan que describir en sus EIA o DIA la forma en que las iniciativas se relacionan con políticas y programas de desarrollo regional, deban considerar la evaluación de los “efectos sinérgicos y acumulativos”. Esto, del conjunto de proyectos instalados o cercanos al territorio o área de influencia, cuenten o no con la RCA. A esto se suman los demás proyectos que estén en proceso de evaluación y que se emplacen en la misma zona.
Respecto a los efectos sinérgicos entre distintas iniciativas, se propone instaurar un mecanismo para revisar permisos ambientales cuando las operaciones de una zona generen efectos sinérgicos que equivalen a los factores que desatan la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental para una iniciativa nueva.
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