El destino del proyecto inmobiliario de Reconsa, en las dunas de Concón en la Región de Valparaíso aún no está zanjado. Y esta semana fue el turno de actuar del Segundo Tribunal Ambiental. De acuerdo con un comunicado, los ministros del organismo llevaron a cabo este lunes una inspección en los terrenos en el cual se ubica el proyecto "Urbanización y loteo Costa de Montemar VI etapa".
Lo anterior, con el objetivo de verificar que la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) "obró adecuadamente" respecto de las obras en cuestión. Según señaló el ministro presidente del Tribunal, Alejandro Ruiz, la SMA constató un incumplimiento por parte de la empresa Reconsa, que tiene relación con el hecho de no haber sometido "su proyecto inmobiliario de ampliación al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental", según dijo. Y a raíz de eso le formuló cargos.
Por su parte, la empresa presentó un programa de cumplimiento que se hace cargo, por una parte, de presentar un Estudio de Impacto Ambiental y abordar los efectos que se habrían causado con la infracción. Entre estos, existe una acción de revegetación, de manera que el Segundo Tribunal Ambiental visitó los puntos clave mencionados para confirmar si es que la SMA estaba en lo correcto cuando aprobó este programa de cumplimiento, "que es lo que se está reclamando por parte de representantes de la fundación y otras personas de la sociedad civil", explicó Ruiz.
Cabe recordar que, en agosto de 2020, la SMA formuló un cargo contra la empresa por la ejecución del proyecto en el área protegida "Santuario de la Naturaleza Campo Dunar de la Punta de Concón" y afectación de duna adyacente, al margen del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. La infracción fue clasificada como gravísima.
De manera que los reclamantes piden que el Tribunal "declare que la resolución de la SMA que aprobó el programa de cumplimiento y suspendió el procedimiento sancionatorio es ilegal, ordenando al ente fiscalizador dictar una nueva resolución", según se indica en el texto.
En tanto, la SMA solicita al Tribunal que rechace la reclamación, declarando que la resolución reclamada es legal y fue dictada conforme a la normativa vigente.
Por el momento, y de acuerdo a lo señalado por Alejandro Ruiz, "lo esperable es que a raíz de esta visita los ministros deliberemos y lleguemos a un acuerdo en el corto plazo para emitir una sentencia dentro del primer semestre de este año".
Y explicó que "existen dos opciones, por una parte el Tribunal puede confirmar lo que la Superintendencia del Medio Ambiente ha realizado al aprobar este programa de cumplimiento al titular y por otro lado, la opción B sería dejar sin efecto la resolución que aprobó el programa de cumplimiento de manera de devolvérselo a la Superintendencia para que obre conforme a la forma que el Tribunal determine".
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