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¿Eres cliente nuevo?
REGÍSTRATE AQUÍLa empresa respondió que “no tiene responsabilidad en estos hechos” y que efectuará los descargos.
Por: Equipo DF
Publicado: Jueves 24 de marzo de 2022 a las 04:00 hrs.
La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) formuló un cargo grave a Enex S.A., tras el derrame de hidrocarburos en la Bahía de Quintero, ocurrido en diciembre de 2021, “producto de falta de mantenimiento en una de las líneas de transferencia del terminal, lo que se condice con el estado de abandono por desuso verificado en terreno del ducto por el que escurrió el vertimiento”.
Según la Superintendencia, “se pudo constatar que el titular no dio mantenimiento a la línea de 8 pulgadas, cuyo mal estado en el tramo LT 24, causó una fisura y el posterior derrame de IFO 180 (combustible de uso marino) hacia el mar adyacente a playa Las Ventanas”.
Así, con respecto a las infracciones graves, de acuerdo a la norma, se dispone que éstas podrán ser objeto de Revocación de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), Clausura o Multa de hasta 5 mil Unidades Tributarias anuales, lo que alcanzaría la suma de $ 3.300 millones.
En una declaración, Enex afirmó que “tanto la línea que produjo la filtración y el producto en investigación no pertenecen ni han sido nunca utilizados por Enex”.
“Consideramos que Enex no tiene responsabilidad en estos hechos y efectuaremos los descargos correspondientes, ya que la empresa no tiene acceso a la línea y su mantención no es de su responsabilidad. Tal como hicimos en la primera etapa investigativa, seguiremos colaborando con la autoridad en lo que sea necesario”, dijo.
Sebastián Vallebona anticipó un alto interés de las empresas por acogerse a la medida y señaló que avanzan junto a InvestChile en una plataforma tecnológica para responder con rapidez.
Cuatro reglamentos deberán resolver aspectos clave como la protección de resultados de investigación, el uso y operación del repositorio nacional y la transparencia en las empresas de base científico-tecnológica.
Operación podría superar los US$ 43 millones y daría fin a las disputas entre quien funge como dueño del complejo y su banco financista. Quien se quede con el paño podría levantar al menos tres edificios para vivienda, oficina y comercio.